De acuerdo al último mensaje presidencial, alrededor del 50% de la población del país entrará en un nuevo confinamiento, con la paralización de las actividades productivas y de la informalidad.

El rebrote de la pandemia se ha presentado con una gran ola de contagios, colapso de hospitales, escasez del oxígeno, falta de camas UCI, un explicable agotamiento y disminución del servicio especial de salud, que en conjunto han incrementado lamentablemente los fallecidos, y con razón o no, nos obligan a tomar medidas preventivas extremas.

Estas ya fueron tomadas por Vizcarra, por un largo tiempo, ocasionando que el resultado en términos de salud y económicos fueran negativos, lográndose el número más alto de fallecidos por habitante en el mundo y el mayor decrecimiento del PBI, causando pérdida de millones de puestos de trabajo, incremento de la pobreza y un sector informal que no respeta las medidas preventivas.

Estos fracasos hacia la muerte y la pobreza, llevaron al Gobierno a dar bonos a millones de pobres, el BCR otorgó préstamos subsidiados a las empresas para reactivar la economía y destinó fondos especiales para la salud, superando en conjunto alrededor de 40 mil millones de dólares.

El indicado fracaso se atribuye a la inexperiencia e ineficiencia en controlar las aglomeraciones en los mercados, cobranza de bonos, el largo confinamiento, la informalidad y el retraso en reactivar el aparato productivo. Esperemos que esta experiencia sirva y el próximo 14 de febrero finalice la cuarentena.

La vacunación es prioritaria, los 500 mil a vacunarse sólo son el 1.56% de la población total, porcentaje sumamente bajo y alcanzaría, en positivo, solamente a los que están al frente de la lucha contra la pandemia.

El objetivo del presidente Sagasti no debe ser vacunarse, sino lograr el máximo de vacunas.
En paralelo el país tiene un continuo y grave problema con el accionar populista del Congreso, quienes están en proceso para liquidar los fondos de la ONP (15 mil millones de soles), controlar las tasas de interés del sistema financiero, que traerá problemas de créditos para los más necesitados. Además inaceptablemente pretenden lograr el control del sistema privado pensionario (AFP), fusionándolo con la ONP y manejado por el Estado, sin tener en cuenta que este es un pésimo administrador y sobre todo sería un acto EXPROPIATORIO de los fondos privados ascendentes a 164 mil millones de soles y que son administradas por 4 empresas privadas que mantienen cuentas individuales de 7’780,721 peruanos y en las que trabajan 1,905 empleados, gerentes y funcionarios especializados en la colocación y manejo de fondos en el país y en el extranjero.

Si el importante sistema pensionario privado pasa a manos del Estado sin previa consulta a los millones de aportantes, estos rápidamente perderán sus fondos como ya sucedió, con las empresas estatizadas por el gobierno militar de Velasco, entre otros grandes errores que normalmente comete el Estado.

Finalmente, las EXPROPIACIONES van en contra del desarrollo del país y de no comprenderlo el Congreso, habría que mantenerlos en una larga cuarentena.