Fabiola Morales Castillo

Fabiola Morales Castillo

AL FILO DE LA NOTICIA

Acerca de Fabiola Morales Castillo:

Catedrática Universitaria, Doctora en Comunicación y Ex-Parlamentaria (2001-2011)





¿Algo se pudre en Dinamarca?

El sistema democrático representativo, si bien no es el único, es una de las mejores formas de gobierno del Estado Moderno que se caracteriza por el balance de poderes, expresado en los pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero, cuando en la práctica, no se produce la independencia entre ellos y el mutuo respeto por las decisiones de cada uno y las no interferencias, puede decirse que se trata, en todo caso, de una “democracia light”.

En esta semana, se ha discutido desde los poderes Ejecutivo y Judicial, la pertinencia o no de la INMUNIDAD en el Legislativo. Por cuanto el Gobierno ha señalado como uno de los primeros puntos de su Reforma Política, anularla y colocarla en manos de los jueces. Los argumentos para tal propuesta son, como ya nos tiene acostumbrados, tanto populistas como cortoplacistas.

Los parlamentarios han sido elegidos para elaborar proyectos de ley, discutirlos y eventualmente aprobarlos, en nombre de la ciudadanía. Pero también ejercen las funciones de representar y fiscalizar los distintos niveles de gobierno: el Presidente de la República y sus ministros, como los gobiernos regionales y locales, que trabajan con un amplio y costoso aparato estatal como ‘staff’.

Las comisiones en el Congreso, no solo son dictaminadoras, sino también de investigación. Es en estas últimas donde se lleva a cabo el “control político” de los distintos niveles de gobierno y se llega a conclusiones que –según sea el caso– pueden trasladarse a la Fiscalía como insumo para las propias investigaciones. En este punto es que los gobiernos se incomodan, porque sienten el “contrapeso” a su propio poder.

La INMUDIDAD parlamentaria es un derecho de los representantes sin el cual  no podrían “fiscalizar”, porque estarían con las manos atadas y con la libertad restringida, para llevar a cabo una de las más genuinas acciones que tiene el Congreso. El Gobierno debe saber que en una democracia tiene parte de la responsabilidad y del poder, pero el Congreso de la República debe controlarlo y pedirle cuentas cuando lo considere necesario.

Atentar contra la INMUNIDAD parlamentaria, sea cual sea la justificación, es atentar contra la institucionalidad democrática. Es una forma de “cerrar el Congreso” sin pasar por la vergüenza internacional de haberlo hecho, sin pasar por el dedo acusador de la historia y sin pasar por el trago amargo de la protesta de la ciudadanía racional y consciente.

Si se eligen parlamentarios que han cometido delitos, en primer lugar, debe responder la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones que están en el deber de mostrar a los candidatos tal como son. Pero además, están en el deber de darlo a conocer al votante en el momento adecuado. Si el representante, ya en el ejercicio de sus funciones, comete un delito ajeno a su investidura, son sus pares quienes deben levantarle la inmunidad. Y si en algún caso no lo hicieran, tienen grave responsabilidad. Sin embargo, nada justifica la “invasión” de los otros poderes. La democracia exige el respeto a sus instituciones.

Por otra parte, si bien es verdad que por tradición en el Perú existe un “gobierno presidencialista”, tradición que nos debe venir de tantas décadas de “caudillismo”, una democracia exige un Congreso libre y un Poder Judicial independiente. Otra cosa olería demasiado a que “algo se pudre en Dinamarca”, como escribiría Shakespeare en Hamlet.





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