Columnista - Fabiola Morales Castillo

El derecho al voto del analfabeto

Fabiola Morales Castillo

Catedrática Universitaria, Doctora en Comunicación y Ex-Parlamentaria (2001-2011)

15 dic. 2019 02:20 am
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Hay una corriente de opinión muy respetable y bastante generalizada que aboga por mejorar la calidad personal y profesional de la representación parlamentaria en el Congreso de la República; sin embargo, es ajena no solo a la realidad educativa del pueblo peruano, sino a la democratización del voto ciudadano.

El voto universal en nuestro país data de la década de los 80, mucho después del voto femenino que es de la década de los 50; en su momento, permitir el voto a los analfabetos -mujeres y hombres que no saben leer ni escribir en castellano- fue considerado un avance importante de inclusión social, en tanto, quienes adquirieron este derecho fueron, sobre todo, campesinos y aborígenes andinos y amazónicos.

La masa electoral creció, principalmente, en los departamentos de Apurímac, Huancavelica, Cusco y Ayacucho. Por tanto, pudieron ampliar el número de sus representantes y también la posibilidad de que las personas del sector rural que no tuvieron acceso ni a la Educación Primaria pudieran ser electos.

Queda claro, entonces, que si el voto es universal, no pueden ser obstáculo los pergaminos académicos, para postular al Congreso de la República. Si algunos parlamentarios electos que no tenían Educación Primaria, Secundaria o Superior, últimamente, se sancionaron fue por mentir, no por carecer de educación.

Por tanto, quienes opinan que los congresistas deben tener mayor nivel de educación e instrucción, tendrían que empezar por pedir que en el Perú se mejore el nivel educativo o se suprima el “voto universal” que lo concedió la Constitución de 1979. Sin embargo, no se trata solo de que tal decisión sería antipopular, sino antidemocrática; en tanto que el espíritu de un sistema democrático radica en el “poder del pueblo” -NO SOLO del pueblo educado o instruido-. Si nuestra realidad educativa peruana es mediocre en las familias, los colegios, las universidades y los multimedia, no se puede “pedir peras al olmo”.

La representación parlamentaria conforma un foro democrático, no tecnocrático, como si es el caso de los ministerios del Poder Ejecutivo y de todo el cuerpo del Poder Judicial cuyos miembros están en determinados cargos por “meritocracia” (eso se espera) y no por el ejercicio de la soberanía del pueblo.

En consecuencia, debemos tener muy claro que los parlamentarios electos son, antes que nada, REPRESENTANTES. La dignidad de su investidura radica en haber sido elegidos por el voto popular en elecciones legítimas y de acuerdo a las leyes de la República y la Constitución.

Se suele decir que cuando los ciudadanos somos llamados a las urnas, es “una fiesta democrática”, y realmente lo es, porque celebramos la continuidad democrática, el respeto al voto emitido de manera libre y secreta, la rotación del poder político, etc. Todo lo cual, es ajeno al totalitarismo que se caracteriza por todo lo contrario, muchas veces manipulando y engañando.

La responsabilidad de los ciudadanos que emiten un voto para elegir autoridades es fundamental. Su deber de informarse y de conocer a quién le va a entregar su confianza por los siguientes años es un compromiso ineludible.
Es lamentable que organismos como la ONPE no lleguen a informar y orientar al gran universo de jóvenes, de comunidades rurales y de distraídos en temas políticos para que elijan a los mejores, después todos pagamos las consecuencias.

(*) Profesora en CENTRUM PUCP

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