Fabiola Morales Castillo

Fabiola Morales Castillo

AL FILO DE LA NOTICIA

Acerca de Fabiola Morales Castillo:

Catedrática Universitaria, Doctora en Comunicación y Ex-Parlamentaria (2001-2011)



¿Inmunidad es impunidad?

No se puede decir alegremente que “la inmunidad es impunidad” refiriéndose al derecho que poseen los representantes del pueblo en el Congreso de la República, para cumplir con una de sus funciones genuinas, como es la de ejercer control político y fiscalizar al Poder Ejecutivo.

Hacerlo, implica una intencionalidad populista propagandística, para justificar la ruptura del sistema democrático, o al menos debilitar la institución parlamentaria y concentrar el poder en pocas manos, sin tener que dar cuenta a los representantes que elige el pueblo en unas elecciones libres y absolutamente legales.
El Parlamento inglés, casi desde sus inicios, contó con la figura de la inmunidad, como una gracia que concedía la Corona a los miembros de la Cámara de los Lores, como la de los Comunes, nobles o burgueses a los que el rey recurría para tomar determinadas decisiones, más o menos importantes y que, a su vez, eran representantes que procedían de distintas regiones.

Con el advenimiento del Estado Liberal, después de la Revolución Francesa, la Asamblea que representaba al pueblo poseía también inmunidad, ya no como una gracia del monarca, sino más bien como un derecho concedido por el pueblo a sus representantes, para que en su nombre tuvieran la posibilidad de hacer control político de los actos de gobierno, sin que por ello fueran acallados o perseguidos.

Así, adquirió peso el poder democrático parlamentario que por antonomasia deviene del pueblo, y se asegura también el balance de poderes; porque ni el rey ni el Presidente podían ya gobernar con las manos libres, sino bajo la fiscalización de los representantes que, al poseer inmunidad, lo hacían sin temor a represalias ni denuncias al Poder Judicial.

La inmunidad parlamentaria, por tanto, es un derecho del pueblo que entrega a sus representantes, para que, en su nombre, ejerzan una parte importante de sus funciones. Quienes no lo vean así, están dando muestras de querer cambiar las reglas de la democracia, ya sea por populismo o por una vocación totalitaria disimulada o expresa.

Sin embargo, no se puede abusar de la inmunidad, invocándola para otros fines que no sean los estrictamente democráticos. Los contenciosos que ya tenían quienes llegan al Congreso, no pueden ser aplazados, ni anulados, ni comprendidos bajo la sombrilla de la inmunidad parlamentaria.
Como tampoco puede la inmunidad parlamentaria cubrir delitos comunes que no tienen nada que ver con el ejercicio de la representación nacional en el Congreso de la República; como pueden ser casos de violencia contra la familia, robos, actos de corrupción, o negarse a ser requerido por la autoridad si se atropella a alguien o se cuadra mal el automóvil.

La inmunidad parlamentaria no es pretexto para la impunidad; sino que muy por el contrario, debe tener los suficientes candados, a fin de que de ningún modo sea un privilegio gratuito, sino el necesario derecho a la libertad de polémica, de expresión y de opinión distinta y ajena al poder de turno.
En el Estado democrático moderno, el parlamentario es elegido por el pueblo, para representar, legislar y ejercer control político; quienes están en contra de que los representantes tengan derecho a la inmunidad, están fuera del juego democrático; porque su objetivo es el deseo –callado o explícito- de entregar el poder y la dirección del Estado-Nación a un grupo de “notables” no electos o a una sola mano.

(*) Profesora CENTRUM PUCP



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