Hoy más que nunca, el Estado tiene la impostergable obligación de facilitar las inversiones. Ello porque se requiere recuperar el empleo, seriamente afectado por la crisis económica originada en la pandemia que estamos soportando, al igual que el resto del mundo, aunque probablemente agravada en el Perú por medidas ineficaces.

La emergencia sanitaria trastocó el avance que tenido por tres décadas, aunque si bien el Estado ha estado ayudando a la población con diversos bonos, no es menos cierto que los recursos, fruto del buen desempeño fiscal y de haber “guardado pan para mayo”, no son eternos.

Debe ponerle acción a la palabra y destrabar los proyectos, de todo tamaño, que duermen en los anaqueles de los ministerios, gobiernos regionales y municipales, entes reguladores e infinidad de organismos públicos, que lejos de simplificar las cosas las complican. Para ello nuestras autoridades deben fajarse los pantalones, estamos en una emergencia y en las emergencias no pueden seguir aplicándose regulaciones de tiempos normales, pues los que vivimos no los son.

Ahora es indispensable ayudar a los emprendedores, facilitándoles sus inversiones, pues sin ellas no se alivia el serio desempleo existente.

Dice antiguo aforismo que “todo trigo es limosna” y requerimos todo tipo de facilidades a todo tipo de emprendimientos. Ya no bastan los buenos deseos traducidos en normas vigentes, para aliviar trámites, gestiones, autorizaciones, licencias y permisos.

El actual jefe del Estado, cuando asumió la conducción del país, se comprometió a simplificar “las reglas y la organización, a veces absurdas del Estado, para facilitar la vida a un ciudadano que no entiende porque tiene que ir a seis entidades públicas diferentes para resolver su problema, o a un alcalde nuevo que pasa en promedio 168 días del año en Lima, haciendo gestiones para su comunidad” Como la canción “Tan solo palabras”.

Nos han saturado con normas legales, por supuesto con sanos propósitos para aliviar la “tramitología” que nos agobia. Por ejemplo, se dictó la Ley 30230 y el Decreto Supremo N° 287-2014-EF/10, promoviendo entre otros mecanismos, que equipos especializados de seguimiento de la inversión, hicieran lo que el pomposo nombre señala, pero lo cierto es que los inversores, fiel al castigo, siguen esperando su actuación.En algunos ministerios se han

creado Comités de Promoción de la Inversión Privada, como por ejemplo en hidrocarburos y minería, por Resolución Ministerial N° 180-2019.MEM/DN, pero en realidad están pintados en la pared, pues no solamente no solucionan nada, sino que permiten el peloteo de los expedientes de escritorio en escritorio.

Otra de las medidas dictadas, fue la de la homologación de la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública, según dispone el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, pero sin resultados positivos, pues los emprendedores no quieren “chocar” contra las autoridades para que no les sigan entorpeciendo sus trámites.

Es indispensable que los jefes de los ministerios y organismos públicos, tengan a la mano el registro de expedientes, para que le hagan real seguimiento, por lo menos semanal.