Facultades de la Junta Nacional de Justicia

Facultades de la Junta Nacional de Justicia

La Junta Nacional de justicia fue creada mediante Ley Orgánica No. 30916 de 13 de febrero del 2019, en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura, reformándose el Capítulo IX de la Constitución Política, e incurriéndose en el grave error de modificar sólo los artículos 154, 155 y 156, manteniendo en el texto constitucional los artículos 150 y 157 que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual demuestra la manera precipitada y antitécnica con que se hizo esta conversión institucional de evidente motivación política.

Quedan pues ambas instituciones en el capítulo IX de la Constitución, provocando confusión y enorme vergüenza a la juridicidad de nuestro país.

Pero la JNJ asumió las mismas funciones y facultades que el ex CNM, de nombrar, ratificar, evaluar y aplicar procedimientos disciplinarios a jueces, fiscales y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), no teniendo la Ley Orgánica de la JNJ ninguna norma que restrinja el ámbito en el cual deba cumplir estas funciones.

Esto es, que la Ley 30916 no especifica que los límites de las facultades de evaluación y sanción vía procedimientos disciplinarios de la JNJ, a jueces y fiscales, sólo alcancen a la función jurisdiccional, como se ha pretendido interpretar recientemente, aludiendo que la JNJ no tendría facultades para someter a procedimientos disciplinarios a jueces y fiscales en función administrativa; porque tal distinción no existe en la ley, y no se puede distinguir donde la ley no distingue.

Los jueces y fiscales cuando cumplen los roles de administradores de cortes u organismos fiscales, no dejan de ser jueces ni fiscales, sino que asumen el rol de gestión de los órganos jurisdiccionales y fiscales, con el objeto de promover el cumplimiento de los fines de la administración de Justicia.

Se habría generado un vacío de control, de aceptarse la idea de que pasan al limbo, en donde el control constitucional y legal no los puede alcanzar, más aún, cuando sus decisiones de gestión afectan el funcionamiento de los órganos fiscales y jurisdiccionales, y la eficiencia y eficacia del sistema de administración de Justicia, afectando valores sociales y la vida misma de la nación.

Pretender defenestrar a miembros de la JNJ por cumplir con sus funciones, para que ingresen otros proclives a la facción política dominante en el Congreso, que está cooptando los organismos de Justicia, es una muestra más de la grave crisis moral que atraviesa el Perú.

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