El silenciamiento de las declaraciones del inventor de las pruebas PCR o moleculares, Dr. Kary Banks Mullis, fallecido en agosto de 2019, quien obtuvo el Premio Nobel de Química en 1993 por la invención de la reacción en cadena de la polimerasa, base de las pruebas moleculares, demuestra la falsedad en el uso de estas pruebas, según el científico, ineficaces para diagnosticar una enfermedad viral:
“Prueba PCR es para crear mucho de algo a partir de algo, esto es lo que es, pero no te sirve para decirte que estás enfermo, ni te dice que lo que haya resultado vaya a ocasionarte daño.” Resaltando en conferencia en Santa Mónica, California, en 1997, que el problema radica en la evaluación de los resultados, toda vez que el cuerpo humano tiene más de 10,000 retrovirales, y encontrar uno no significa que estés enfermo: “Con el PCR puedes encontrar casi cualquier cosa en cualquiera”, afirmó.
Pues bien, el uso impositivo de las pruebas PCR para diagnosticar covid no sólo es anticientífico sino que es un fraude de dimensiones criminales genocidas, pues por sus falsos positivos millones de personas fueron a parar a los hospitales en donde les aplicaron protocolos de la OMS, denunciados por la organización internacional “Médicos por la Verdad” como inapropiados para el proceso inflamatorio generalizado que presentaban los pacientes, que finalmente fallecieron por tratamiento “erróneo”.
Lo más grave es que ya hay estudios que reportan la detección de grafeno (tóxico venenoso) y nanopartículas en hisopos de pruebas PCR, y ahora distintas entidades públicas y privadas están condicionando el ingreso de personas a que se sometan a la prueba PCR, siendo esto un procedimiento de falso diagnóstico covid, cuya coerción ilegal constituye delito de coacción, art. 151 del C. Penal y de complicidad con delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, arts. 319 del C. Penal, y 6 y 7 del Estatuto de Roma.
El Decreto de Urgencia de Sagasti 055-2021 está obligando a vacunarse con sustancia transgénica experimental a los empleados públicos para volver al trabajo presencial, contra la ley 31091, la Constitución y Tratados de Derechos Humanos, los empleadores están obligados a aplicar la Constitución por encima de este inconstitucional decreto.
Los empleadores públicos o privados que estén obligando a trabajadores o ciudadanos a someterse a estos procedimientos, son civil y penalmente responsables por complicidad en estos delitos y sus efectos adversos; la ignorancia no exime de culpa.

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