En el Perú el feminicidio es un grave problema social que puede considerarse un problema de salud pública. La violencia que lo precede en muchos casos se da en el marco de la pareja o de relaciones personales.

A pesar de que este fenómeno social ha estado presente a lo largo de la historia, aún existen falencias en su reconocimiento social. Es un problema que transgrede moral, física y psicológicamente a la víctima, previo a su muerte, a sus familiares y a su entorno social.

Para la salud pública como campo interdisciplinario, el reto es innovar en políticas públicas y programas para un abordaje integral, dada la complejidad de este problema social, que trascienda el enfoque tradicional. Es posible avanzar desde la formación crítica, para la transformación de prácticas institucionales actuando tanto en entidades estatales como en instituciones profesionales y técnicas.

En el año 2022, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) ha identificado 113 casos de feminicidio, además de las muertes violentas de 119 mujeres con características de feminicidio. Si bien, en relación al año 2021 se produjo una reducción de casos, por lo que se pudo observar un descenso de 9.6%. ¿Se puede decir que con estas cifras la situación de violencia de género en el país está mejorando?

La comisionada Carolina Garcés Peralta de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, señaló que “el número de casos puede ser un parámetro, pero no es el más relevante” porque lo importante es tener en cuenta que a pesar de que las cifras de feminicidios, suban o bajen, las tentativas se mantienen igual.

Si observamos de cerca a otra dimensión tan importante como la del bienestar físico, dirigimos la atención hacia la violencia psicológica. Según datos de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Dgdpaj) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), hubo un crecimiento en la capacidad del Estado para atender a las mujeres o miembros de familia víctimas de agresión psicológica.

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está reconocido en el ámbito internacional, en numerosos tratados y pactos de derechos humanos, y en el ámbito nacional, en distintas leyes que contienen disposiciones orientadas a erradicar prácticas de violencia, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a denunciar e investigar ese tipo de sucesos, a sancionar a las personas responsables y a brindar asistencia integral a las víctimas y/o supervivientes.

Este derecho es un derecho indivisible e interdependiente de otros derechos humanos, y para que sea efectivo en la práctica, es necesario que el Estado asegure el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia fallos institucionales y de procedimiento que han agravado el riesgo de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para innumerables mujeres de todas las regiones del mundo, señalan los expertos.

Luchemos contra todo tipo de violencia y corrupción a nivel personal y social, especialmente por la realidad social que vivimos en nuestro Estado.

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