“Firme y feliz por la unión” es el lema fundacional del Perú republicano. La naciente república, que consolidó su independencia después de las victorias de Junín y Ayacucho, debía afrontar los retos de crear una estructura política y social sostenible, que reemplace la autoridad virreinal. En este marco, el Congreso en 1825 establece dicho lema, el cual debe figurar en todas las monedas emitidas. Este lema es el  recordatorio de que existe un proyecto de nación basado en ideas tan puras, ilusionantes y sencillas como las de la felicidad o la unión. Lamentablemente, como tantas otras cosas, en nuestro país esta idea no pasó de una buena intención y la realidad fue otra: una llena de episodios oprobiosos manchados por la corrupción. Alfonso W. Quiroz muestra en su obra Historia de la corrupción en el Perú la permanencia de esta lacra a lo largo de toda nuestra historia republicana.

Hoy,  a 197 años de nuestra independencia, tenemos expresidentes prófugos o investigados, congresistas cuyas hojas de vida más parecen prontuarios, alcaldes que al terminar su periodo municipal aparecen con propiedades y empresas a nombre de testaferros, más aún la ley de la no reelección es letra muerta cuando postulan los hijos como candidatos, cual nuevas monarquías criollas. El descrédito de nuestra clase política es total y el reciente destape de audios solo hicieron evidente lo que se sospechaba y rumoreaba con no poco disimulo. Nuestro sistema de justicia hizo metástasis: jueces y fiscales coludidos con empresarios, con una prosperidad muy sospechosa, armaron un tinglado, donde el tráfico de influencias, los arreglos y compadrazgos definían sentencias y nombramientos con el mayor descaro e indolencia de quienes se sentían impunes.

El destape de este grave problema debe ser una gran posibilidad de una reforma radical que ponga la justicia al servicio de la sociedad. El “oye, hermanito, arregla esto” no puede ni debe reemplazar el “firme y feliz por la unión”.