Después de varios años en que gran parte del grupo político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, ya había recibido una serie de acusaciones, meses y años de cárcel preventiva, este último jueves el fiscal Domingo Pérez, presentó su informe final referido a la investigación de este caso.

En dicho informe incluye a 40 ciudadanos involucrados en una “organización criminal” y que en conjunto solicita “803 años” de cárcel, en un documento con más de 13,082 páginas (La Biblia tiene 1,500); sin duda esta acusación fiscal de tantas páginas y con 803 años de solicitud de condenas carcelarias sería la más extensa que el Poder Judicial haya recibido.

La acusación incluye varios delitos, que el Poder Judicial debe evaluar, entre ellos: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo y presuntos aportes irregulares en las Campañas Presidenciales del 2011 y 2016.

Entre los delitos incluidos es inapropiado calificar a los partidos políticos que tienen algún problema como “criminales”. Asimismo, en caso de lavado de activos, demanda que el investigado tendría que haber recibido algún dinero ilícito (narcotráfico, robo, extorsión, coimas) y con fines de blanquearlo e introducirlo en el mercado formal y posteriormente devolverlo en gran parte al evasor que lo entregó.

Independientemente de la amplia acusación, el fiscal solicita entre otras restricciones: la prohibición de dar declaraciones a los medios, ni por sus redes sociales, ni desplazarse libremente y estando en medio de un proceso electoral democrático, donde ella ya ha sido aceptada como candidata a la Presidencia y coincidentemente está levantándose en las preferencias ciudadanas en las encuestas, la presentación de esta investigación demuestra claramente una obsesión.

Igualmente es inaceptable que se incluya en esta discutible acusación al destacado empresario y expresidente de Confiep, el Ing. Ricardo Briceño, en un tema que ha sido ampliamente aclarado, en que la indicada institución realizó una campaña publicitaria legítima en favor de la economía de libre mercado y de la empresa privada, pero el fiscal distorsionando el transparente objetivo, asegura erróneamente que esta publicidad era en favor de la candidata Keiko.

La denuncia también incluye, en medio de la campaña electoral, la disolución del partido político Fuerza Popular, que tiene más de 230 mil asociados y mínimo un millón de seguidores que debe considerar.

Es aceptable y necesario que el Ministerio Público (Fiscalía) investigue todos los casos de corrupción, pero esta importante responsabilidad tiene que realizarse dentro de la necesaria equidad y sin que se den muestras de cierto apasionamiento personal, que podría desvirtuar el debido proceso.

Finalmente, debo precisar que el espíritu de este artículo no es defender un partido político, sino referir el exceso fiscal de solicitar 803 años de cárcel. Además, todos los procesos de investigación deben realizarse sin apasionamientos, ni distorsiones y de comprobarse un caso de corrupción, el Poder Judicial tiene que castigar ejemplarmente a los culpables; asimismo cuando las denuncias de los fiscales sean sesgadas del marco legal, igualmente deben ser censurados.