Los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez, así como el aspirante a colaborador eficaz José Graña, están en serios problemas. El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena negó un pedido de prisión preventiva para Nadine Heredia y terceros, resolviendo que la denuncia presentada por la fiscal Geovana Mori –del grupo Lava Jato- “está basada en versiones de aspirantes a colaboradores que no sustentan en lo absoluto los delitos imputados”. El Decreto Legislativo 1301 (norma para dotar de eficacia al proceso de colaboración eficaz), dice que el aspirante a colaborador deberá cumplir lo siguiente:

a) Evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito, o sustancialmente disminuir su ejecución.
b) Conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el delito.
c) Identificar a los autores, partícipes o integrantes de la organización delictiva y su funcionamiento;
d) Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva;
2. El aspirante a colaborador eficaz podrá obtener como beneficio premial la exención, disminución, suspensión o remisión de la pena, tomándose en cuenta el grado de eficacia o importancia de la colaboración, en concordancia con la entidad del delito y la responsabilidad del hecho.

Sin embargo, según el magistrado la imputación de Mori adolece de extrema debilidad en sus argumentos, respecto a los presuntos actos de colisión así como de asociación para delinquir entre los acusados. ”No existen”, señala ”elementos jurídicos suficientes que soporten la acusación fiscal”. En otras palabras, el Ministerio Público protagonizó un papelón, presentando una acusación pobrísima, basada en dichos del aspirante a colaborador Graña, la misma que no tiene una mínima condición para ser considerada como aporte para aspirar a colaborador. “Un Graña no puede corroborar a otro Graña”, dijo el juez Sánchez Balbuena. “Faltaron argumentos valederos e indicios suficientes”, agregó. Por cierto la fiscal Mori sustentó su caso alegando que la razón de ser “son las declaraciones de Jorge Barata ratificadas por José y Hernando Graña”. No obstante el juez desestimó semejante argumento, manifestando que las declaraciones de Barata nada tienen que ver con lo argumentado “por los Graña”. El magistrado incidió en que la Fiscalía hizo muy mal al pedir prisión preventiva en base a “versiones de versiones, que no presenciaron nada. No existe homogeneidad entre los aspirantes a colaborador, pues éstos no han podido corroborar la existencia del perjuicio al Estado ni del delito de colución agravada. Este principio, no se ha demostrado”, acotó el juez.
Evidentemente esta ridícula actuación de la Fiscalía Anticorrupción -liderada por Vela Barba y Pérez Gómez- pone en un serio entredicho la condición de colaborador eficaz que ambos fiscales pretenden concederle a José Graña. Quien, por cierto, ya goza de un universo de indebidas facilidades -consentidas por Vela y Pérez- en comparación con el resto de los imputados por corrupción que existen en el país.
Exhibiendo un estilo característico tan solo para guardaespaldas, Vela Barba y Pérez Gómez advierten esa misma largueza hacia la hipercorruptora Odebrecht, respaldados en un nefasto pacto secreto avalado, a su vez, por el presidente Vizcarra.