Francisco Diez Canseco T.

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Entre el “gasolinazo” y el “metrazo”

  • Fecha Domingo 20 de Octubre del 2019
  • Fecha 2:40 am

Tras el “gasolinazo” del presidente Lenín Moreno en Ecuador y el “metrazo” que ha desatado violentos disturbios en Chile y ha puesto en jaque al régimen de Sebastián Piñera, es indispensable que, más allá de la crisis política, el presidente Vizcarra ponga severa atención a la crisis económica por la que, en forma soslayada, atraviesa nuestro país.

Acatando los dictados del Fondo Monetario Internacional -cuándo no- para acceder a un crédito estabilizador de alrededor de 10 mil millones de dólares, Lenín Moreno dispuso el retiro del subsidio a los combustibles, con el objeto de generar un ahorro de 1,300 millones anuales al ilíquido Estado ecuatoriano provocando un alza del 123 % en sus precios y la inmediata y furibunda protesta de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas con muertos, centenares de heridos y pérdidas por miles de millones.

Ya el gobierno del Ecuador dio marcha atrás con la aprobación de los teóricos de escritorio del FMI y, por supuesto, con el aplauso irónico del dictador Nicolás Maduro.

En Chile, el Metro de Santiago, premiado en 2012 como el mejor de América, subió sus pasajes en un 3.54 % desatando una caótica ola de vandalismo que ha obligado al gobierno de Piñera a decretar el estado de emergencia en la capital sureña y que, por la reducida magnitud del aumento, refleja, detrás de la violencia -fundamentalmente juvenil- , un peligroso embalse de los ingresos de los sectores menos pudientes acumulado durante los últimos años.
No puede, evidentemente, compararse el fallido sinceramiento de precios del Ecuador con lo ocurrido en Chile pero, en ambos casos, debe anotarse que son fruto de crisis económicas soslayadas que deben ser afrontadas con mayor percepción y sentido social que los que generalmente exhiben los gobiernos que, de esa manera, intentan estabilizar las economías de sus países como acaba de admitirlo, en el caso ecuatoriano, el propio FMI.

En este marco crítico, la expedición del decreto de urgencia 004-19 por parte del Gobierno es una medida adecuada para contribuir a la reactivación o aceleración de la economía -como quieran llamarla- en tanto real y efectivamente el régimen demuestre capacidad de inversión y gasto de los más de mil millones asignados a través de transferencias, fundamentalmente a los urgidos sectores de salud y educación, y considerando, entre otros factores, la crisis internacional, que hay un desempleo del 20 por ciento en la fuerza laboral de Lima y que la economía peruana está creciendo por debajo del índice mundial del 3 %.

Es cierto que esos mil millones de soles representan tan sólo un 0.56 % del Presupuesto fiscal para el 2020 y que esencialmente implican impulsar un gasto e inversión públicos que, en promedio, han dejado 22,320 millones de soles sentados en el Banco de la Nación por incapacidad de gestión en los últimos cinco años, pero también ponen en el tablero la imperiosa necesidad de que sean dispuestos con eficacia y absoluta transparencia en un escenario en el que el Gobierno debe tomar medidas claras y enérgicas para acabar con el manejo corrupto de los fondos del Estado.

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