Francisco Diez Canseco T.

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Odebrecht y el Partido Morado

El día de ayer, en un debate realizado en Radioprogramas, el representante del Partido Morado, Francisco Sagasti, sostuvo que el Estado peruano debe permitir que Odebrecht y las empresas del llamado “club de la construcción” sigan contratando obras públicas esgrimiendo dos argumentos: que debe penalizarse a los empresarios, gerentes o directores corruptos pero no a las propias empresas que pueden regenerar su administración eliminando a esos malos elementos; que si se produce tal sanción, no quedarían empresas en el Perú para realizar las obras.
Ambos argumentos constituyen falacias inaceptables, especialmente en el escenario de corrupción sistémica o generalizada que afecta gravemente a todos los peruanos y que exige que real y efectivamente los partidos nuevos como el Morado que, por lo menos en teoría, no han participado de la Era de la Corrupción iniciada durante el primer gobierno de García Pérez, se enfrenten a ese flagelo sin ningún tipo de tamiz.

El Presidente de Colombia, Iván Duque, planteó la necesidad de esta prohibición en una reunión de alto nivel realizada en Lima. Y lo hizo por una razón muy sencilla: la lucha contra la corrupción no tiene como único objetivo denunciar y sancionar a quienes se han llenado los bolsillos con el dinero del pueblo que administra el Estado, sino también recuperar los valores y la dignidad perdidas en el tráfago de largos años de impunidad de estas empresas en las cuales han robado de capitán a paje sin devolver hasta ahora un centavo al Estado que han depredado.

Es increíble que Sagasti, que es un profesional con trayectoria, sostenga que sólo las empresas del “club de la construcción” -que en la práctica es un cártel- tienen capacidad de contratación y ejecución de obras con el Estado: si así fuere, hay que modificar la Ley de Contrataciones y promover la participación de nuevas compañías nacionales y extranjeras porque está claro que nuestro país no puede seguir en manos de un monopolio impune y vicioso acostumbrado a manejarse no solo en niveles presidenciales sino también con corruptos burócratas que siguen acechando en la sombra a la búsqueda de ilícitas ganancias.

No se trata, tampoco, de dejar sin trabajo a los empleados del “club de la construcción” o que los proveedores que han dejado colgados Odebrecht y los otros socios del cártel se queden sin cobrar: para eso se ha debido retener el pago de los S/ 520 millones de la central hidroeléctrica de Chaglla y, sin duda, establecer un convenio de colaboración sin las joyerías que se le han dado a la compañía brasileña que emanan de una ley originalmente pergeñada por el gobierno de Kuczynski y que le permiten a Odebrecht pagar la irrisoria reparación civil en 15 años y seguir contratando con el Estado.

¿Y qué hay de las utilidades repartidas entre los accionistas o capitalizadas para reforzar a las empresas del “club de la construcción? Todas provienen finalmente de un rendimiento fraudulento de sus negocios y, sobre esto, no se oye padre.

Al Partido Morado hay que decirle con claridad que cuentas claras, chocolate espeso.

(*) Presidente de Perú Nación
Presidente del Consejo por la Paz



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