Soy de los que celebré con entusiasmo la designación por concurso de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). No puse ni pondría en duda su bien ganado prestigio en el conocimiento de nuestro sistema de sufragio, ni tampoco la honestidad con la que aborda su tarea (“La nueva electoralidad”, EXPRESO, 30 agosto 2020).

Pero así como cabe alegrarnos de contar con altos funcionarios idóneos para las responsabilidades que se les asigna, mayor debe ser nuestro celo en supervisarlos a mérito de evitarles debilidades o metidas de pata que desdibujen innecesariamente su gestión.

En la semana precedente, surgió un desaguisado que compromete a la ONPE y que fue advertido en esta columna como elemento a esclarecer. Ocurre que varios candidatos han optado por prescindir de las recomendaciones sanitarias en el ejercicio de sus tareas proselitistas. Besos, abrazos, aglomeraciones, mal uso o no uso de las mascarillas, son el pan de cada día. La premier Violeta Bermúdez ha dicho que la competencia sobre las elecciones está en manos de los organismos electorales y que el Poder Ejecutivo se mantendrá “neutral”.

Sin embargo, Corvetto había dicho: “estas elecciones las haremos de la mano con el Ministerio de Salud” (El Comercio, 29 de agosto 2020) aludiendo a las nuevas condiciones y limitaciones generadas por la pandemia covid-19. ¿En qué quedamos? ¿Van o no de la mano?

Algo más serio y poco visto a la fecha, surge de la resolución 000001-2021-JN/ONPE que otorga una asignación económica a los 22 partidos inscritos para financiar la llamada “franja electoral”, ya que –como se sabe– está prohibida la contratación directa de propaganda en los medios audiovisuales.

¿Cuál es el punto? Que, de 7,000 estaciones de radio y televisión a nivel nacional con licencia para operar, solo 200 están registradas como proveedoras de la ONPE. El organismo invitó a todas a inscribirse dentro de cierto plazo y esa cantidad es la que accedió al llamado. Es decir, solo 2.8 % del universo de medios.

Se dirá que la ONPE cumplió su rol de convocarlos, pero la realidad es que con esos 200 medios jamás logrará cubrirse adecuadamente la exposición de los planes de gobierno y propuestas de los candidatos presidenciales o al Parlamento en todo el país. Son 70 millones de soles echados al agua porque nadie se detuvo a mirar las consecuencias de un procedimiento mal establecido cuyo afán de emparejar la cancha a todas las organizaciones políticas, introduce más bien una terrible desventaja para los electores.

La desinformación será la característica de este proceso, si añadimos la escasa conectividad al internet. No tendremos franja sino una zanja electoral profunda, inútil e inequitativa. Pobre país.