Los ciudadanos tenemos el derecho constitucional de elegir a nuestros representantes, con el voto queda expresada la voluntad popular. Sin embargo, las autoridades electorales tienen la función de controlar que los candidatos que son habilitados cumplan con decir la verdad, en ese sentido se garantiza que no exista circunstancia alguna que permita la distorsión en la elección de una autoridad.
Esta función no ha sido cumplida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 y por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Pues no advirtió ni excluyó a Pedro Castillo del proceso electoral, porque este contaba con una empresa que escondió en la declaración jurada de Hoja de Vida, cuya existencia ya reconoció a través de un medio de comunicación.
Una y otra vez denunciamos que desde la autoridad electoral existía una clara actitud de favorecer a ciertos candidatos, aquí tenemos un acto más de lo que sería una voluntad de trastocar la voluntad popular. Pues si un candidato presidencial esconde información, es causal de exclusión, significa que Pedro Castillo no debió ser candidato presidencial y por culpa de las autoridades electorales, ahora se encuentra en primer lugar para una segunda vuelta. Evidenciados todos y además de las denuncias penales que hemos interpuesto, reclamamos que la exclusión se dé ahora, y así se respete la voluntad popular verdadera en una estela de candidatos en la que nunca debió ingresar Pedro Castillo.

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