El TC y el Poder Judicial (PJ) han hablado a través de sendas Resoluciones y, ciertamente, dan mucho que hablar. La Sentencia del TC, expedida por exigua mayoría de sus miembros, decidió la excarcelación de Keiko Fujimori (KF), quien cumplía más de un año de prisión preventiva. El fallo -como era de esperarse- ha generado gran polémica y hasta los dos locuaces fiscales protagonistas del Equipo Especial Lava Jato lo han tildado de político, antijurídico, incongruente y otras lindezas.

Lo hemos leído y no negamos que nos sorprenden ciertas opiniones y valoraciones de los magistrados aunque ello no, necesariamente, descalifica lo resuelto. Nos explicamos: La justicia constitucional es competente para verificar si se dan concurrentemente los presupuestos materiales que determinan la legalidad de una prisión preventiva contra el investigado (ergo, graves elementos de convicción, penalidad mínima requerida y peligro procesal), y si ello no se cumple simultáneamente le enmienda la plana a la justicia penal.

Podemos o no estar de acuerdo con la excarcelación pero el TC ya habló como cabeza del Estado Constitucional de Derecho y la Fiscalía que viene teniendo unas de cal y otras de arena, debe dedicarse ahora a solicitar las medidas limitativas que aseguren el arraigo procesal de KF y, sobre todo, formular la acusación debida que permita la apertura del proceso penal correspondiente. Menos verborrea fiscal impertinente y más acción.

A diferencia de la decisión del TC, al Auto de la Sala Superior del PJ poniendo orden en el caso de la prisión de marras de los árbitros sí merece el reconocimiento unánime y un jalón de orejas para la Fiscalía. Con la ponderación y prudencia que faltó garrafalmente al fiscal y juez inferiores, el Colegiado ordenó la excarcelación de quienes fueron, a todas luces, privados arbitrariamente de su libertad y confirmó la prisión de aquellos sobre los que sí pesan graves sospechas de corrupción. Lamentablemente, el desaguisado cometido en primera instancia ha perjudicado la credibilidad del arbitraje nacional y la imagen del país ante la comunidad arbitral mundial.

La prisión preventiva, como medida de coerción procesal excepcional, es necesaria, pero cuando se utiliza abusivamente desacredita a la justicia penal y a la indispensable lucha contra la corrupción y la impunidad. ¡Amén!