¿Garantizando la impunidad?

¿Garantizando la impunidad?

Como una burla se podría calificar perfectamente la resolución fiscal de la Carpeta 251-2021 mediante la cual la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos decide abrir investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo, pero la suspende hasta el término de su mandato, en 2026. Tan bochornoso es este acto que incluso la saliente expresidente del Tribunal Constitucional Marianela Ledesma, literalmente, expresó: “Hay que ser bien ingenuo para investigar después de cinco años”.

Esta resolución no deja la menor duda de la falta de imparcialidad de la fiscal, quien amparada en una interpretación antojadiza del Art 117° de la Constitución ha determinado no investigar al actual mandatario. Cabe mencionar que el citado artículo 117° está referido a la acusación, mas no a la investigación preliminar, la cual sí debería iniciarse de inmediato, pues de otro modo, se pone en peligro la actuación de la Fiscalía para hallar los elementos de juicio necesarios de manera oportuna, y no en 2026.

Ciertamente no hay mejor forma de garantizar impunidad a un presidente en ejercicio, que iniciando una investigación para, acto seguido, suspenderla. Esta decisión fiscal es un remedo de justicia que pareciera tender a impedir que el Congreso pueda nutrirse de la investigación fiscal para un mejor accionar en su labor de control político con todos los mecanismos que la Constitución y su Reglamento le franquean. Esta resolución configuraría una táctica de obstrucción a la justicia que el Congreso no podrá ignorar.

Pero la resolución fiscal expedida que interpretó el artículo de la Constitución de manera literal y aislada, contrariamente a los criterios de interpretación del propio Tribunal Constitucional, ha sido cuestionada no solo por abogados penalistas, sino también por instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, que por medio de su pronunciamiento N° 01/DP/2022, le solicita al Ministerio Público “reexaminar su decisión integrando todas las normas y principios constitucionales”.

Cabe resaltar que una investigación preliminar ni siquiera debe terminar necesariamente con una acusación, sino que se busca esclarecer los hechos. De manera que no hay justificación jurídica alguna para tal despropósito de haber hecho pública una resolución que evidenciaría una vez más que no tenemos titular en la Fiscalía de la Nación, al menos no una que esté comprometida tenazmente en perseguir el delito, en determinar responsabilidades, en garantizar transparencia y justicia, en investigar presuntos actos de corrupción, cuando los hechos denunciados así lo ameritan.

¡No más impunidad en un país que busca la verdad!

(*) Vocero alterno de Renovación Popular.

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