Hace un par de semanas sosteníamos que el Gobierno de turno por la condición de interino debía concentrar su gestión pública en asegurar la transición democrática y en enfrentar lo mejor posible la grave emergencia nacional sanitaria, económica y social provocada por la maldita pandemia del covid-19 chino. En pocas palabras, que no se metiese en otras honduras que no le corresponden. Pues, se ha involucrado en una de la que acaba de salir mal parado y que traerá cola.

A inicios de diciembre pasado publicó los Decretos Supremos Nos. 027-2020-EM y 028-2020-EM por los que autorizó a una empresa de capitales canadienses a adquirir por razón de “necesidad pública” 21 derechos mineros ubicados en la zona de frontera del Departamento de Piura. En apariencia, las dos normas legales cumplían con la formalidad constitucional al sustentarse en un supuesto interés y beneficio colectivo y hasta el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas opinó favorablemente. Pero, había un problema además de que la presunta “necesidad pública” no estaba debidamente motivada: los derechos mineros citados están localizados en el distrito de Tambo Grande sobre parcelas de uso agrícola casi iguales a las que en el 2002 otra compañía canadiense fallidamente trató de adquirir y que fruto de recordadas protestas y movilizaciones terminó expulsada del lugar por los pobladores piuranos. La publicación de los decretos de marras –como era de esperarse- generó el nuevo e inmediato rechazo de las autoridades y comunidad tambograndina y de diversas fuerzas vidas que cuestionaron la falta de consulta popular y hasta la violación de la soberanía. Exagerado o no esto último, hay que ser un amnésico –o algo peor- para tropezar por segunda vez con la misma piedra.

Hace pocos días al régimen transitorio no le quedó más que recular y derogar ambos decretos con argumentos dignos del inolvidable Cantinflas. Alegando que el Estado vela por el aprovechamiento de los recursos naturales en armonía con el interés nacional y el bien común –como si antes de esta “reevaluación” no lo supiera- dejó sin efecto los dispositivos legales afirmando muy orondo que el procedimiento de concesión “no ha concluido a la fecha” y claro que no podrá concluir porque para ello se requiere previamente la sospechosa autorización que ha revocado de un plumazo. Vaya torpe galimatías. El Ejecutivo interino le debe al país una explicación por este dislate. ¡AMÉN!