Los gobiernos democráticos se enfrentan a una coyuntura crítica. Hoy, deben gestionar transiciones ambientales y digitales mientras lidian con la creciente polarización interna, tensiones geopolíticas y las repercusiones económicas, como la inflación. En este contexto, la necesidad de generar y mantener la confianza en las instituciones públicas es más urgente que nunca.

En julio de este año, se publicaron los resultados de la segunda Encuesta de la OCDE sobre confianza en las instituciones públicas. Realizada en 30 países, la encuesta revela que el 44% de las personas tiene poca o ninguna confianza en su gobierno nacional, superando a aquellos con una confianza alta o moderada, que alcanzan el 39%. Esta disminución de 2 puntos porcentuales desde 2021 ha sido especialmente notable entre las mujeres y las personas con menor educación, cuyos niveles de confianza han caído en 5 puntos.

A pesar de estos resultados, aún persiste una confianza general en la capacidad del gobierno para tomar decisiones sobre temas complejos que afectan a distintos grupos de la sociedad. Además, hay satisfacción con los servicios de salud (52%), educación (57%) y administrativos (66%). Por otro lado, un 52% cree que las instituciones públicas usarán sus datos personales de manera legítima, y el mismo porcentaje confía en que su solicitud de servicio será tratada con justicia.

Sin embargo, solo el 37% de la población cree que el gobierno equilibra adecuadamente los intereses de las diferentes generaciones. En el Perú, un país en proceso de adhesión a la OCDE, los servicios de educación y salud aún están lejos de los estándares exigidos. La desigualdad, informalidad, corrupción e inseguridad ciudadana han obstaculizado la capacidad del gobierno para traducir el crecimiento económico en desarrollo social sostenible.

En contraste, Ucrania, también en proceso de adhesión y en plena guerra, ha avanzado en la lucha contra la corrupción, implementando medidas que mejoran la transparencia y fortalecen la confianza pública, cruciales para su reconstrucción y acercamiento a la OCDE.

En un entorno marcado por la desinformación y la polarización, el modo en que las personas consumen información es relevante en su nivel de confianza. Según la Encuesta 2024, solo el 22% de quienes no siguen las noticias políticas confía en el gobierno, comparado con un 40% entre aquellos que sí están informados.

El caso del Perú es un claro ejemplo de la desconfianza ciudadana. Aunque el país ha experimentado un crecimiento económico constante en las últimas dos décadas, gran parte de la población no ha visto una mejora significativa en su calidad de vida. La corrupción generalizada en la administración pública ha debilitado la confianza en las instituciones, dificultando que el crecimiento económico se traduzca en beneficios sociales concretos. Además, las profundas desigualdades y la informalidad laboral, que afecta al 70% de los trabajadores, limitan su acceso a beneficios sociales y oportunidades de desarrollo.

La Encuesta de Confianza 2024 también destaca que los procesos que sustentan la gobernanza democrática deben fortalecerse. Escuchar a todos los sectores de la sociedad, mejorar la transparencia y los controles entre instituciones, y basar las decisiones en datos verificables, son acciones clave para restaurar la confianza, especialmente en los gobiernos nacionales.

¿Qué pueden hacer los gobiernos? Mejorar la relación con los ciudadanos para fortalecer la confianza tanto a nivel local como nacional. En el Perú, donde la corrupción y la falta de transparencia en la administración pública son temas recurrentes, este desafío es particularmente relevante. Es necesario que los gobiernos comuniquen con mayor transparencia las investigaciones y datos que respaldan sus decisiones, para que la ciudadanía pueda entender claramente cómo les afectan las reformas.

Asimismo, se debe fomentar un entorno mediático saludable, diverso e independiente, que sirva como un equilibrio informativo. Al mismo tiempo, es importante promover la alfabetización mediática para que los ciudadanos puedan evaluar de manera crítica la información que consumen, la misma que requiere ser transparente. Finalmente, invertir en servicios públicos confiables y justos es esencial para aumentar la confianza en la administración pública y en el gobierno nacional y regional.

La confianza en las instituciones públicas no solo depende de los resultados económicos, sino también de la percepción de equidad, transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones. Para países como el Perú, el desafío radica en convertir el crecimiento económico en un desarrollo inclusivo, que beneficie a todos los sectores de la población, para que se restablezca la confianza en nuestras instituciones.

Mira más contenidos siguiéndonos en Facebook, X, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.