En el Perú, desde el gobierno de Martín Vizcarra y su continuación ahora con Sagasti, en el combate a la pandemia de la covid-19, el Estado peruano viene implementando una estrategia que puede calificarse de genocida. Decenas de miles de peruanos pobres han muerto sin justificación, producto de un Estado y una gestión que ha generado las condiciones directas para impulsar estos decesos. Según la data Sinadef analizada por expertos en estadística el número de víctimas fatales ascendería
entre los 108 mil a 124 mil.

La lista de acciones de política pública que el Gobierno Vizcarra- Sagasti viene implementando frente a la pandemia (protagonizada mayoritariamente por la ex Minsa Pilar Mazetti), y que generan las condiciones objetivas que causan la muerte de miles de peruanos, es larga. Para no abundar en los actos de corrupción, que ha sido una pandemia aparte, señalaremos las cuatro que consideramos más importantes y punibles:

  1. La no convocatoria a la empresa privada, Fuerzas Armadas, Iglesias y organizaciones sociales de base para combatir la pandemia. La sociedad inmovilizada para defenderse. Se ha dejado de lado de manera absurda cualquier giro de estrategia comunitaria.
  2. En plena pandemia, poner absurdas trabas burocráticas para que el país quede desbastecido de oxígeno. Vemos que se acaba de dejar de lado el contrato con la UNI sobre 47 plantas de oxígeno.
  3. Prohibir a la empresa privada para que puedan importar y distribuir las vacunas.
  4. La no previsión, con los meses entre los que transcurrieron la primera y segunda ola, de no gestionar un incremento drástico de camas UCI, cómo si se hizo en Europa y otros países de nuestra misma región.

De manera consciente y deliberada, todas estas medidas han limitado el uso solidario de todos los recursos existentes en la sociedad peruana, han precarizado a los servicios de salud pública hasta el colapso, y están poniendo en la indefensión y riesgo de muerte inminente a grandes sectores de la población al supeditarlo a la lenta distribución estatal de las vacunas. La equidad de la muerte. Los más afectados son los que menos tienen.

El origen de estas medidas de política pública contra la pandemia es una mirada ideologizada de la sociedad peruana de origen ultra izquierdista marxista. A Sagasti y a sus aliados políticos, sólo les importan sus “dogmas”, sus “ideas políticas”, sus “principios ideológicos”. En el fondo, Sagasti no era un tecnócrata social demócrata. Lo parecía, como muchos era y es un extremista de la izquierda oligárquica. Su integridad es una farsa.

Producto de ésta estrategia ideologizada, decenas de miles de peruanos han perdido la vida, innumerables familias han sido golpeadas por la muerte y lloran a sus seres queridos. Miles van a perder la vida este año, en el periodo de tiempo que transcurre entre la lenta llegada de vacunas y su burocrática aplicación en toda la población peruana. Al profundo dolor de la muerte, al hambre y al desempleo, los pobres del Perú ahora le suman -por millares- la muerte de sus seres queridos. Los pobres de origen mestizo no le importan a la élite extremista de la izquierda oligárquica.

Debemos denunciar y detener este esquema de muerte. Sus actos, con el tiempo, llevarán a los responsables ante la justicia. Mi solidaridad con el periodista Beto Ortiz y Willax Televisión; una sociedad democrática no puede permitir que sus autoridades pretendan intimidar a la prensa libre y sus denuncias. Esa es una actitud dictatorial y repudiable.