Desde hace poco más de tres décadas, se ha vuelto moneda común en la retórica de actores y observadores políticos el concepto “gobernabilidad”.

Se le utiliza para definir la urgencia de comprensión básica entre los operadores públicos a fin de hacer viable un proyecto de país.

Por cierto, “gobernabilidad” tiene muchas acepciones e indicadores que –como en el caso del Banco Mundial– miden las fortalezas institucionales de una nación.

En el Perú del último quinquenio, se le ha invocado para pugnar el compromiso de los partidos de oposición con las tareas ejercidas por gobiernos que carecen de mayoría parlamentaria.

Así, la aparente expresión de madurez y desprendimiento de un congresista no oficialista, debe manifestarse en el apoyo a gabinetes ministeriales o programas generales del Ejecutivo porque, de lo contrario, su conducta será calificada de “obstruccionista”, “golpista” o “desestabilizadora”. En aras de la “gobernabilidad”, hay que deponer discrepancias, principios y alternativas.

En el libro 30-S, ANATOMÍA DE UNA DISOLUCIÓN, Mabel Huertas revela que la gestión de Pedro Pablo Kuczynski obtuvo del Parlamento dominado por el fujimorismo mucha colaboración en el terreno legislativo (dos de cada tres proyectos de ley del gobierno fueron aprobados) aunque las acciones de control político fueron severas.

La de Martín Vizcarra, ya con los fujimoristas divididos, el encono entre ambos poderes se dio en todos los terrenos hasta llegar al despropósito de disolver el Congreso por una supuesta “denegación fáctica” de la confianza a una iniciativa invasora de las facultades de la representación nacional, como era la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.

Como sea, el Legislativo siempre lleva la peor parte cuando se le juzga bajo la lupa de cooperar o no con la “gobernabilidad”. El reduccionismo en la lectura de los hechos hace que le atribuyan mala fe. En función a ello, algunos congresistas creen que la mejor manera de exhibirse sensatos es concederle respaldo a un consejo de ministros casi a ciegas, sin importarles el prontuario de algunos de sus integrantes.

Ocurrió con el Gabinete encabezado por Guido Bellido cuya disparatada actuación paralizó al Estado a lo largo de 69 días. Este caso evidenció que la “gobernabilidad” tiene vías de retroalimentación, donde también el Ejecutivo es responsable de velar por ella buscando sintonía no solo con las bancadas opositoras, sino con la misma ciudadanía.

Sin embargo, la administración de Pedro Castillo desafía el sentido común y hasta las formas elementales de relacionamiento político llevando a los ministerios personajes repulsivos con antecedentes manchados. No lo son por su militancia de izquierda (cáscara de plátano que lanzan los ayayeros del lápiz). Ocurre que no pasan la más mínima evaluación cívica, moral y democrática.

Queda claro entonces que la llamada “gobernabilidad” no reposa únicamente en el afán comprensivo de los opositores, sino de manera fundamental en un gobierno que no debe provocar acarreando a las altas esferas del poder un elenco de amigos impresentables hasta para una fiesta de Halloween.

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