Desde sus inicios la legitimidad de origen de este gobierno transitorio resultó cuestionable ya que si bien Francisco Sagasti es formalmente presidente del Congreso, es indudable que logró serlo solo luego de que su partido y otros aliados hasta el último momento del vacado Vizcarra lograran generar las condiciones para desestabilizar y ponerle fin al gobierno igualmente transitorio que encabezaba Manuel Merino, quien fuera elegido presidente del Congreso en marzo del 2020 y era por tanto el llamado a asumir las funciones presidenciales de la República y debió mantener dicha posición hasta entregársela el 28 de julio de 2021 al primer mandatario elegido en abril próximo.

Resulta ya cansador reiterar la prueba de tal confabulación contra el gobierno transitorio de Merino, graficada en el video en que un manifestante (de los miles lanzados a las calles para defender a Vizcarra y luego, indefendible éste, buscar posicionar a otro pescador en río revuelto) reclama a gritos conseguir un muerto para que con ello caiga el gobierno de Merino. Se “lograron” dos muertos y “cayó” en apenas una semana el gobierno transitorio.

Hoy ya van cinco muertos en manifestaciones contra el Gobierno (qué duda cabe que Congreso y Poder Ejecutivo están en manos de la coalición dirigida por rojos y morados, y que integran otras fuerzas políticas, ingenua o convenidamente) y, sin embargo, Sagasti ni se da por concernido.

Peor aún, el encargado del despacho presidencial de la República demuestra habilidad para enrarecer el ambiente y zafar de las responsabilidades asumidas en el Poder Ejecutivo.

No sólo su bancada y aliados apoyaron el irresponsable salto al vacío –en pleno sentido de la palabra- de derogar la ley agraria, que había permitido el auge del sector agroexportador, que a fines del año 2000 resultaba económicamente insignificante, sino que se apresuró a promulgarla sin más, pudiendo haberla observado y ofrecer una reforma técnicamente sustentable y sobre todo viable a través de la función fiscalizadora en materia laboral a manos del Poder Ejecutivo. Aprobada en el Congreso la nueva ley agraria, la promulga también en tiempo récord, pese a decir que no satisfacía a nadie. Peor aún, pretende que el Acuerdo Nacional se ponga por encima de la nueva ley, desnaturalizando las competencias de ese foro de reflexión política que no tiene facultad ni iniciativa legislativas.

Sin duda, el gobierno transitorio de Sagasti no está a la altura del poder que forzó tener y resultan inciertos tanto el futuro del país como la viabilidad y limpieza del proceso electoral que ya está en marcha.