Gobierno incumple política nacional contra las drogas al 2030

Gobierno incumple política nacional contra las drogas al 2030

A pesar de las amenazas, peligros y daños asociados a la producción, comercio y consumo de drogas, en los dos últimos años, este gobierno comunista de Castillo-Boluarte ha reducido el control de fiscalización de cultivos ilegales y su comercio ilícito, aplicando además nuevas y nefastas reglas en los procesos de erradicación, principalmente en el Vraem, zona de mayor producción nacional, sellando un “pacto social ciudadano” con gremios cocaleros para que reduzcan voluntaria y progresivamente sus cultivos, lo cual jamás va a suceder, y por el contrario, el gobierno está entregando un territorio liberado al narcotráfico, organizaciones criminales de alta lesividad y demás delitos conexos.

En 2021 los cultivos aumentaron de 60,000 a 80,000, y el 2022, Carlos Figueroa, presidente actual de Devida, ha informado la detección de 12,000 nuevas hectáreas (+36 %), mayormente en zonas de bosques, áreas naturales protegidas y comunidades nativas, así, inexorablemente, la producción de cocaína y el narcotráfico siguen avanzando de manera incontrolable. En 2021 se erradicaron 5,774 hectáreas y en 2022 unas 19,000, pero ninguna en el Vraem, con esta cantidad erradicada, que luego gran porcentaje es resembrada, además de nuevas áreas detectadas, la producción anual de cocaína calculada estaría bordeando las 1,000 toneladas.

El 14 de diciembre 2020, con DS. 192-2020-PCM, se aprueba la Política Nacional contra las Drogas al 2030 (PNCD-2030) para enfrentar el problema público asociado a las drogas cuya rectoría está a cargo del PCM y la conducción a través de Devida, la disposición final única da un plazo máximo de 180 días para presentar el Plan Estratégico Multisectorial (PEM), dicho plazo se venció en junio 2021 pero a la fecha no existe por incumplimiento del gobierno, a pesar de tratarse de la principal herramienta para orientar y programar las tareas de las instituciones públicas involucradas en la PNCD-2030 porque debe incluir elementos de análisis de escenarios contextuales e indicadores para enfrentar daños a zonas estratégicas y poblaciones vulnerables por cultivos ilícitos, tráfico, consumo de drogas, además, para implementar el desarrollo alternativo integral y sostenible y controlar la producción y comercio ilícito de drogas.

Bajo este panorama, el premier Otárola conoce perfectamente la problemática porque ha sido presidente de Devida y miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas. Sin embargo, no toma ninguna acción para el cumplimiento de la PNCD-2030, ni tampoco para derogar el funesto “Pacto Social Ciudadano” que dicha Política Nacional no considera y que anteriormente él mismo rechazó en forma tajante por estar ocasionando incrementos sostenidos de cultivos ilegales, pudiendo convertir a nuestro país en el primer país productor de cocaína en el mundo sobrepasando a Colombia.

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