Estas elecciones son atípicas, no solo porque en cuatro años hemos tenido igual número de presidentes y dos Congresos, sino también porque los ciudadanos irán a las urnas en circunstancias dramáticas, indignados y con temor, debido a que cien mil personas han fallecido por pandemia y 40 % de la población se encuentra infectada, mientras la economía registra la mayor caída del hemisferio (-13 %). Drama y angustia, además, porque no hay camas UCI, oxígeno ni espacio en hospitales públicos o privados para atender a miles de personas desesperadas por salvar su vida o la de algún familiar. Y, a lo anterior, debemos agregar el sórdido escándalo de la repartija de vacunas, que ha sacudido moralmente al país y golpeado nuestra imagen en el mundo.

Nadie duda de la responsabilidad (o irresponsabilidad) de Vizcarra, quien, en lugar de organizar una respuesta planificada para hacer frente al mortal virus, engañó sistemáticamente a la población. A finales de diciembre de 2018, en efecto, anunció en la provincia de Barranca que el año siguiente estarían construidos ochenta grandes hospitales y luego, en el programa de televisión conducido por la periodista Mónica Delta (Punto Final, 21/01/2019), reiteró ese compromiso, agregando que también edificarían mil colegios. Sus palabras, sin embargo, fueron un engaño, una demostración lacerante de mitomanía, porque no hizo ninguna edificación ni se tomó el trabajo de disculparse debido a que, en ese tiempo, estaba ocupado en destruir al Parlamento, para luego disolverlo inconstitucionalmente.

Un año dos meses más tarde, el 9 de noviembre de 2020, el nuevo Congreso lo vacó por incapacidad moral, luego de conocerse denuncias sobre coimas que habría recibido cuando era gobernador de Moquegua, su vinculación con la corrupta constructora Odebrecht y las sórdidas coordinaciones con sus secretarias para engañar al Ministerio Público sobre la presencia del artista Richard Swing en Palacio de Gobierno.

Al siniestro legado de Vizcarra ahora se agrega que resultó pillado vacunándose a la sombra los días dos y veintiuno de octubre de 2020, con su esposa y hermano, primeros beneficiarios de una relación privilegiada de 487 personas inoculadas contra la Covid-19 con la dosis china Sinopharm, que sería parte de las 3,200 ampollas obsequiadas al Perú antes que el Estado autorice su compra y en plena negociación con otros proveedores (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson).

En otras palabras, fue el presidente de la República quien habilitó un marco de ilegalidad para favorecer, al margen de protocolos sanitarios, a quienes seleccionaría el poderoso doctor Germán Málaga, de la Universidad Cayetano Heredia, convirtiéndose así en el principal responsable de esos actos oscuros.

No menos grave fue que mediante Resolución Suprema Nº 079, de agosto del 2020, Vizcarra encomendara la presidencia de la comisión multisectorial negociadora de la adquisición de vacunas al ministro de Relaciones Exteriores. El titular del despacho, embajador Mario López, debió rechazar esa decisión porque no correspondía a su portafolio negociar contratos de esa naturaleza; los sectores Salud, Economía y Justicia son competentes funcionalmente para desarrollar ese trabajo. Por tanto, el nuevo ministro debe retirar a la cancillería de esa responsabilidad, revelar aspectos sustantivos de un contrato que no debe mantenerse en secreto y el precio de cada vacuna. Esa sería una primera medida para amortiguar el golpe que ha dado un exmandatario vacado a una institución de raigambre y prestigio histórico.