La Constitución establece que el Perú es una República democrática, social, independiente y soberana y que el Estado es uno e indivisible con un gobierno unitario, representativo y descentralizado que se organiza según el principio de la separación de poderes, fijando expresamente reglas de gobernabilidad a base del equilibrio de esos poderes, confiriendo al Poder Legislativo la facultad de investigar y, en su caso, acusar y efectuar el antejuicio a sus propios miembros, así como al presidente de la República, jueces supremos y demás funcionarios del más alto nivel que expresamente identifica funcionalmente.

La inmunidad parlamentaria no implica impunidad porque, como ya se ha señalado, cualquier congresista por actos delictivos o infracciones éticas se somete a la decisión del pleno previa investigación a través de un debido procedimiento, salvo cuando se trate de delito flagrante.

La tarea de fiscalización de los actos de gobierno es inherente a la función legislativa para evitar el abuso de poder y frenar cualquier acto de corrupción o de infracciones constitucionales que pongan en peligro nuestro sistema de gobierno.

Ahora bien, si, como ha venido sucediendo a lo largo de la historia, congresistas, presidentes, ministros, jueces supremos y demás funcionarios con derecho a la inmunidad y el antejuicio, han abusado del poder a su reverendo antojo y se han enriquecido con el erario público mediante hechos abiertamente punibles, con un resultado posterior de impunidad, eso no es producto de la normatividad constitucional sino de la calidad de gente que estamos eligiendo al Congreso y a la Presidencia de la República, en cuya virtud, cambiar el texto constitucional no solucionará nada por sí mismo.

Como en el Perú siempre se impone el que primero tira la piedra escondiendo la mano, en los últimos tiempos se ha cargado la mano contra el Congreso obviando que el comportamiento atribuido a éste era peor en los funcionarios de los otros poderes del Estado y el tema de la inmunidad se convirtió en el foco de combate entre Ejecutivo y Legislativo, llegándose al despropósito de pretender debilitar al Congreso y someter a sus miembros a la potestad de la Corte Suprema a cuyos miembros debe acusar y someter al antejuicio en los casos pertinentes.

Se produce un quiebre de la estructura constitucional y el Congreso le ha devuelto el golpe al Presidente, encontrándonos en una guerra de posiciones que debe resolverse de inmediato.