La contundente respuesta de la mayoría ciudadana ante el desesperado “golpe constitucional” promovido por mercaderes de la educación, escapistas de la justicia, testaferros de mafias organizadas, angurrientos de poder y odiadores selectivos, debe constituir un severo llamado de atención no sólo a la deslegitimada clase política sino también a las instancias responsables del diseño e implementación de políticas públicas, a través de las cuales el Estado se conecta con los ciudadanos para atender sus principales demandas.
Hay múltiples razones del porqué del contragolpe ciudadano. La primera razón, la gota que derramó el vaso de la tolerancia, es la indignación de ver, una vez más, cómo la corrupción continúa aferrándose al rol de copiloto de las riendas del país, conduciendo nuestro destino al despeñadero, llevándose de encuentro en su desesperado accionar por asaltar las arcas fiscales la institucionalidad del sistema democrático; dejando a su paso altas tasas de informalidad, precarizando no sólo el empleo y los ingresos de los trabajadores, sino también impidiendo el cierre de brechas y el mejoramiento de la gestión de los servicios básicos como salud, educación, seguridad, saneamiento, conectividad y justicia.
¿Cómo esperaría usted que reaccione la juventud de un país que observa día a día cómo la clase política que controla un Estado asalta furtivamente sus sueños dejándolo sin oportunidades de vivir en un país digno, donde las libertades se ven coaccionadas, los valores son simples anecdotarios y el desarrollo de sus capacidades terminan estrellándose en la calle agrietada y polvorienta de injusticias, desigualdades y precariedades?
Si la clase política piensa que el voto popular sólo es un cheque en blanco para saciar sus intereses y corruptelas, repartiendo el presupuesto de la república entre sus amigos, mercaderes y socios al paso, mientras se ufana por demostrar que “hace obras en beneficio del pueblo” y reparte migajas a los más vulnerables, lo único que hará es cavar su propia tumba, a la que también irá a parar la democracia y sus instituciones.
Urge recuperar el valor de la democracia y dar renovada trascendencia histórica a nuestras instituciones democráticas de cara a atender la demanda ciudadana. Ello sólo se consigue cultivando valores cívicos donde el respeto por las libertades y la sana convivencia sean la base para el florecimiento de la dignidad humana. Un primer gran paso: que los partidos y movimientos políticos ofrezcan a los electores del bicentenario candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República, probos, sin rabo de paja y con convicciones claras sobre su rol para empezar a dar una genuina lucha contra la corrupción en todos los niveles. De no hacerlo, serán los sepultureros de la democracia y, a la vez, resucitadores de la indignación, el caos y la anarquía.