Graña y Montero (GyM) al anunciar el relevo en su presidencia, del ingeniero Augusto Baertl por el vicepresidente Ernesto Balarezo, agitó las aguas sobre el traspaso del control al fondo brasileño IG4 Capital.
El jueves 27 transcurrió a ritmo de samba. La SMV se atiborró de oficios: 3.58 pm, la salida de Baertl, 8.16 pm, IG4 anunciando una OPA, 8.25 pm, la incautación judicial de las acciones en GyM de Hernando Graña 1.8% a pedido del fiscal José Domingo Pérez, y para cerrar, 9.31 pm, la carta de la empresa: “no sabemos nada”.
Minutos antes de las 7 pm, IG4 había reiterado el acuerdo con un grupo de accionistas–leáse José Graña Miró Quesada y su entorno– para adquirir el 12.5% y tomar los derechos políticos del otro 12.5%, como base para lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), que “será presentada cuando las autoridades de Reino Unido -donde se captan los fondos- reciban informes sobre el avance de las investigaciones anticorrupción”, añadiendo que las acciones “temporalmente están sujetas a medidas cautelares de la justicia”. Un intento previo de saltarse la OPA, no llegó a prosperar (Gato Encerrado 11/6/2020).
El “paquete” accionario sería: 13.5% de la off shore GH Holding Group Corp (compuesto por José Graña 26%, su hermana Enriqueta 30%, su esposa 26%, sus hijas y sobrino 18%), Bethel Enterprises (Carlos Montero) 3.9%, Mario Alvarado 2.6% y Hernando Graña 1.8%.
Este zafarrancho provocó una trepada de 8% (viernes 28) en las acciones (de S/ 1.62 a S/ 1.75), situándose el valor bursátil en US$ 436 millones, muy lejano de aquellos años en que llegó a tocar la campana de la bolsa de Nueva York (NYSE) cuando bordeaba los US$ 3,237 millones (2013).
De prosperar la OPA, IG4 se convertiría en el principal accionista, seguido por las AFPs que en conjunto suman el 23.3%, Pacífico Corp (del grupo Fishman) 10%, Fratelli Investment de los chilenos accionistas de Falabella (hermanos Solari) 9.9% y el fondo británico Aberdeen 4.6%. Este fondo, que fue fundado por Paulo Todescan, en el 2018 le compró a Galvão, constructora brasileña también involucrada en el Caso Lava Jato, el 66.6% de las acciones de CAB Ambiental, empresa de agua de 18 ciudades de Brasil, por US$ 140 millones de la mano del fondo de pensiones canadienses Alberta Invesment Management Corp.
Baertl al despedirse descartó que su partida tenga que ver con estas movidas, no obstante, la simultaneidad es de por sí reveladora. Hace algunos meses, al conocerse la primera oferta de IG4 (27/11/2019), él mismo se apuró a bosquejar una campaña de perdón y olvido que incluía un cambio de nombre.
Por último y no por eso, menos importante, la constructora se encuentra ad portas de un acuerdo de colaboración eficaz por el Caso Lavajato (Interoceánica, Línea 1 del Metro y Gasoducto Sur Peruano) y por el Caso Club de la Construcción, estimando pagar una reparación civil de US$ 46.6 millones (valor presente) por el primero y US$ 3.1 millones por el segundo.
Del lobo un pelo, en comparación con los cientos de millones de dólares con los que como socio dilecto de Odebrecht, perjudicó al estado peruano.