El pasado 21 de junio, a dos días de concluir la segunda legislatura ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley 1587-2021-CR, en el que, de manera excepcional y sin concurso público, se otorga el nombramiento automático de docentes de Educación Básica Regular solo con tener tres años de contrato, lo cual atenta contra la meritocracia y representa una injusticia contra los docentes que se esforzaron para asistir a cursos de compensación y aprobar obligatoriamente los concursos de mérito de nombramiento.

Esta iniciativa, claramente comunista y populista, fue una de las principales promesas de campaña electoral del corrupto Castillo (en 2017 fue el actor visible de la huelga docente contra las evaluaciones), y, cuando fue electo, aseguró que su gobierno revisará y derogará los procesos de evaluación para nombramiento de profesores de la Ley de Reforma Magisterial 29944, la cual, justamente, impulsa el fundamento de mérito y capacidad de los profesores en el ingreso, permanencia, mejoras remunerativas y ascensos en la carrera magisterial.

Resulta muy extraño que este proyecto de ley que fue presentado hace 15 meses (28 marzo 2022) por Pasión Dávila del Bloque Magisterial, recién haya sido activado y votado en el Congreso en bloque por las bancadas de izquierda radical y Alianza para el Progreso, y algunos de Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú, de manera irresponsable y con inusitada rapidez, cuando tenemos ad portas una elección de la Mesa Directiva del Congreso, ¿otra repartija?

A menos de un mes que Castillo perpetrara un golpe de Estado, firmó, el 11 noviembre 2022, una ley que convierte 41,138 plazas eventuales (de contrato) a orgánicas (de nombramiento) para maestros de escuelas públicas, destinando S/ 140 millones para financiar nuevas vacantes de profesores auxiliares y administrativos, exigiendo además el reconocimiento de años de servicio de los maestros para colocarlos en la escala magisterial; cabe mencionar que los incrementos remunerativos de los profesores contratados, al ser nombrados, varían entre 100% y 210%, desde la primera hasta la octava escala magisterial.

Bajo este panorama, dicha ley aprobada, que increíblemente no pasó por la Comisión de Educación del Congreso cuya presidenta es Gladys Echaíz (solo pasó por comisiones de Trabajo y Presupuesto) colisiona gravemente contra la meritocracia en la carrera pública docente porque se está eliminando las evaluaciones de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad, así como de habilidades generales de los profesores.

Esta ley debería ser reevaluada en el Congreso porque representa un pésimo antecedente que atenta contra la formación de los escolares, futuro de nuestro país, que requieren de una buena y adecuada escuela pública, con docentes debidamente preparados, capacitados y exigentemente evaluados.

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