En las investigaciones que realiza la Fiscalía sobre actos delictivos perpetrados por el llamado “Club de la Construcción”, un aspirante a colaborador eficaz ha sostenido que el presidente Vizcarra cobró un millón de soles como una ilegal comisión cuando se desempeñaba como gobernador de Moquegua, como contraprestación por su participación en el favorecimiento para la adjudicación de una obra de gran envergadura en esa región.

La gravedad de la imputación no surge solo de la declaración del aspirante a colaborador eficaz, sino, además, del hecho probado de la existencia de dos cheques por el monto en cuestión que se habrían girado a la orden de un servidor de la empresa Obrainsa y que éste habría entregado el dinero en efectivo a un funcionario de ésta quien, a su vez, habría hecho la entrega al presidente Vizcarra en las oficinas de la misma empresa a la cual éste había acudido a recibir el dinero.

Otro elemento perturbador es la existencia de correos electrónicos a través de los cuales el hoy presidente Vizcarra, entonces gobernador de Moquegua, solicitó a Obrainsa el alquiler de una avioneta para su uso por parte del gobierno regional en viajes cuya naturaleza y fines deberán ser esclarecidos en la investigación correspondiente.

El presidente Vizcarra concedió una entrevista el domingo pasado a la conductora del programa “Panorama” y rechazó la imputación de haber recibido dinero de Obrainsa, minimizando la declaración del aspirante a colaborador eficaz porque, según él, era un mero aspirante y no un colaborador ya admitido como tal.

Sin embargo, reconoció que había concurrido a las oficinas de Obrainsa, no en las fechas de las presuntas entregas del dinero, sino en otras oportunidades.

La interrogante se cae de madura: ¿qué tenía que hacer el gobernador de Moquegua en las oficinas de la empresa adjudicataria de una obra pública en esa región? Porque si de coordinaciones se trataba, el único lugar para esas diligencias era el local del gobierno regional en Moquegua, porque Obrainsa no gobernaba nada.

El Presidente justificó su pedido para el alquiler de una avioneta en la “responsabilidad social de la empresa” porque su gobierno regional deseaba comprometer a funcionarios bolivianos para exportar sus productos por Ilo, hecho que no calza con el concepto de responsabilidad social.

Se conoce que existen declaraciones de otros servidores de la citada empresa, sobre la presencia del presidente Vizcarra en las fechas de la entrega del dinero.

Sin embargo, la fiscal de la Nación no quiere investigar.