A dos semanas de la segunda vuelta electoral el problema no está en quien logre el mayor número de votos, sino en la calidad de la democracia que queremos tener.
Múltiples denuncias multipartidarias, e inclusive una moción mayoritaria congresal, evidencian que el JNE no ha cumplido su rol cabalmente y que el papel protagónico de su presidente es cuestionable por sus vínculos de larga data con organizaciones y causas terroristas. También hay denuncias sobre inconsistencia en muchas actas de recuento de votos de la primera vuelta y que la ONPE habría pasado por alto falsificaciones de actas.
De modo que hay indicios, si no de fraude generalizado, por lo menos de situaciones jurídicas y actos prácticos que distorsionan el proceso en sí mismo.
Otro cuestionamiento mayor es que, en definitiva, no hubo acuciosidad en la revisión de los antecedentes personales y penales de los candidatos, al punto que la propia fiscalía recién está conociendo las inconsistencias en la declaración de propiedades del candidato Pedro Castillo; mientras que no se entiende cómo van a juramentar dos congresistas electos que están en vísperas de ser sentenciados como terroristas.
Tal como ya se ha dicho, no sería aceptable que esos sujetos tengan el mismo rango y privilegios constitucionales que los cuatro oficiales generales que han ganado una curul en el futuro Parlamento. Así como también sería un contrasentido que las FF.AA. y la PNP eventualmente tuviesen un jefe supremo claramente vinculado con la organización terrorista Sendero Luminoso, a través del Conare y el Movadef.
Más aún, no tendría lógica alguna que aquellas instituciones militares y policiales que perdieron miles de efectivos para derrotar el genocidio terrorista pasaran a ser comandadas por un partido que -según toda las pruebas presentadas por la prensa- obedece a designios subversivos del plan de una Coordinadora Bolivariana, en la cual por primera vez confluyen senderistas, emerretistas y progresistas articulados por infiltrados radicales de Cuba, Venezuela, Bolivia y Argentina, bajo el plan de crear una “Patria Grande”. Es decir una unión política sudamericana bajo el socialismo del siglo XXI.
El proceso electoral así visto está viciado y el control democrático y social exige con urgencia una revisión de lo actuado. Aquí no todo está dicho, o se evalúa una “tercera vuelta” (con el nombre que se le quiera poner dentro de la constitucionalidad originaria) o tendrá que recurrirse a graves soluciones para graves problemas, pero es indiscutible que el Perú no puede precipitarse mansamente al suicidio.

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