El Perú se encuentra a escasos días de cumplir su ansiado Bicentenario, en medio de un país ideológicamente fragmentado: entre quienes votaron rotundamente contra el candidato favorito del Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla, y quienes votaron contra la candidata que según su voto imposible representaba el mal mayor.
Lo cierto es que las Elecciones han terminado y el Perú sigue siendo por mandato constitucional un país democrático, social, independiente y soberano. Es también un país que, entre otros, se organiza según el principio de la separación de poderes (Art 43° Const). ¡Este último atributo es fundamental para la gobernabilidad! En palabras de Montesquieu, este reparto del poder -separación de poderes-, resulta necesario para evitar que este se concentre en una sola mano y sea ejercido, por tanto, de manera despótica.
Y es que, transgredir la separación de poderes equivale a allanarle el camino a una dictadura: un gobierno totalitario, sin balance, ni contrapeso. De hecho, esta transgresión ya ha venido ocurriendo. Quizá el acontecimiento más manifiestamente inconstitucional de los últimos años haya sido ver a un presidente interrumpir la agenda del Congreso por una cuestión de confianza que abordaba competencias propias del Congreso (y no del Ejecutivo), como la siempre postergada elección de los miembros del TC, invocando además como fundamento la inexistente figura de apariencia legal: “denegación fáctica”.
En la actualidad, nuestro país continúa sufriendo ataques y tentativas de clara violación al equilibrio de poderes. Tal es el caso de una jueza del Poder Judicial que frustró vía medida cautelar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso. De igual forma, la afrenta del presidente recientemente electo, que en plena campaña electoral promovió la creación de una Asamblea Constituyente, soslayando abiertamente la institucionalidad del Congreso, y las disposiciones de reforma total o parcial de la Constitución, que esta establece.
Todo parece indicar que ese Perú fragmentado que se encuentra representado en el Congreso, es precisamente la piedra en el zapato que no pueden controlar o someter por completo en virtud de que no es un Congreso de “pensamiento único”, no somos un país comunista. Y por eso a nuestros detractores -que hoy amenazan incluso nuestra libertad de expresión-, les es muy conveniente mantener viva la narrativa de un Congreso obstruccionista por si acaso; y en su defecto, la presuntamente funesta existencia de una Constitución culpable de todos los males, que hace imprescindible su cambio, antes de tan siquiera haber aprendido a aplicarla.
El Congreso como primer poder del Estado no puede fungir de mesa de partes de cada gobernante de turno. ¡Por eso hoy más que nunca nos urge constituirnos en Guardianes de la Democracia!

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