En el presente proceso electoral ya comenzamos a vivir la fanfarria de propuestas en beneficio de la población para ganar los votos de los electores. Todos hablan de crear cientos de miles de empleos, pero sin decir cómo lo van a hacer. También se han lanzado propuestas de mejoras en la educación y en la salud, sin embargo, no habrá avances significativos en salud ni en educación, ni se logrará el desarrollo social esperado, si no se logran sustanciales avances y mejoras en el estado nutricional de la población.

En todos los grupos etarios, desde el niño hasta el anciano, el estado de salud del individuo es consustancial y hasta dependiente de su estado nutricional. En la persona desnutrida disminuyen los mecanismos de defensa del organismo contra las enfermedades, sobre todo infectocontagiosas, las manifestaciones clínicas son de mayor severidad, y los costos para su recuperación son mayores.

En estos tiempos de pandemia por covid-19, la obesidad es un factor de riesgo importante en la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Tan importante como ello es la omisión del diagnóstico del estado nutricional en las historias clínicas. El paciente con enfermedad de covid-19 desarrolla un mayor consumo calórico y energético a partir del incremento exagerado del trabajo respiratorio; cuanto más severa es la enfermedad, mayor es el trabajo respiratorio y en consecuencia mayor es el gasto energético. La falta de una buena nutrición juega en contra del paciente y a favor de la enfermedad.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”. En este enfoque también se orienta la Atención Primaria de Salud (APS) y su dimensión multisectorial, involucra todos los sectores y actividades relacionadas al desarrollo nacional y comunitario, en particular el medio ambiente, el saneamiento básico, la vivienda, la alimentación, las actividades agropecuarias, la industria, las comunicaciones.

El nuevo gobierno no puede contentarse con reducir la desnutrición crónica 5 o 10 puntos porcentuales con relación al gobierno anterior, no es una competencia de números. En nuestro país el problema de la desnutrición no es por la falta de capacidad para producir alimentos, sino por la falta de acceso a estos. Erradicar el hambre y la desnutrición debe ser una política de Estado donde participen obligatoriamente el sector público, el sector privado y la comunidad misma… La seguridad alimentaria es tarea de todos.