A escasos días de la juramentación del segundo gabinete ministerial, y a menos de tres meses de inaugurado el actual periodo presidencial, continúa la inquietud por lo que pueda suceder los próximos días cuando, nuevamente, se requiera la decisión congresal para, luego de su presentación de la política general de gobierno, la representación parlamentaria decida por rechazar o no la confianza al equipo de ministros que se estrena.

Por los comentarios que se vienen difundiendo, con relación a varios de los ministros recientemente juramentados, quienes tienen características o antecedentes personales que, de ser ciertas, ponen en tela de juicio su participación como integrantes del Poder Ejecutivo, nos lleva a considerar que tendrán problemas similares al primero, en cuento resulta muy difícil tener la seguridad de conseguir la confianza requerida.

Resulta inexplicable el comportamiento del presidente Castillo, quien tiene la facultad de designar a los ministros de Estado, cuando nombra a personas que, por sus antecedentes personales, terminan siendo cuestionados.

Me pregunto, como muchas otras personas también se pueden plantear la misma interrogante: ¿acaso el jefe de Estado, antes de nombrarlos, no revisa los antecedentes personales de cada uno de ellos? La respuesta parece ser obvia: claro que sí. Entonces, ¿qué puede estar pasando para que el presidente de la república se equivoque con tan inusitada frecuencia al momento de tomar decisiones?

Por su forma de actuar, el primer mandatario de la nación pareciera ser que se está sometiendo a presiones de su entorno palaciego o, en su defecto, hay tal nivel de incapacidad para el manejo de sus facultades presidenciales, que nos motiva a calcular que estamos siendo llevados por un rumbo totalmente equivocado.

Por las características de cómo viene funcionando el actual gobierno, es evidente que estamos en un nivel de desconcierto, zozobra y desconfianza que genera una inestabilidad en el funcionamiento de nuestra democracia realmente preocupante, requiriéndose de inmediato una reorientación del accionar gubernamental.

El peor daño que se le puede hacer a un sistema democrático es acompañar, a su funcionamiento, una inestabilidad en casi todo orden de cosas. La caprichosa intención de seguir promoviendo la elaboración de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, la promoción de una segunda reforma agraria, declarada por el mismo presidente Castillo y que no ha merecido, por lo menos, la presentación de un proyecto de ley que establezca los lineamientos principales para la pretendida nueva reforma es, entre otras, propuestas u ofertas fácilmente digeribles por la población, pero, impracticables para nuestra actual realidad.

Frente a este panorama de vivencia política, la cual afecta el funcionamiento del aparato estatal, es necesario no únicamente pedirle, sino exigirle al Presidente de la República que, por el Perú y su pueblo, actúe con mayor criterio, responsabilidad e idoneidad; pues, no podemos continuar dentro este clima de inestabilidad política producida por el propio gobernante, quien, por el contrario, debió haber conducido sus actos por un camino que nos lleve a la estabilidad, hoy inexistente.

La realidad política influye sobre lo social, lo económico y todos los subsistemas del sistema social; en consecuencia, es imprescindible atender lo político, a fin alcanzar un nivel de funcionamiento de nuestro sistema social que nos permita tener la tranquilidad suficiente para planificar y ejecutar las medidas que los momentos actuales así lo exigen.

La estabilidad política es un elemento constitutivo del sistema democrático. En ese sentido, en el Perú, sus gobernantes deben de actuar motivados por la búsqueda del bien común, como finalidad del Estado, en lugar de orientar su actuación inspirados en objetivos ideológicos partidarios que terminan por desnaturalizar y desestabilizar nuestra democracia.

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