Según las últimas encuestas nacionales, los índices de desaprobación del Congreso, del Poder Judicial y de la Fiscalía bordean el 90 % en promedio y no superan el 10 % de aprobación. Entre las razones de este rechazo de la población sobresale la nefasta influencia de la corrupción en dichas instituciones, que los lleva a resistirse a las reformas.

Esta es una realidad que debe preocupar a toda la clase política y la sociedad civil para abordar de una buena vez el problema que afecta gravemente a estas instituciones fundamantales del sistema democrático. Por ello, la falta de credibilidad en estas instituciones fundamentales para el Estado de derecho es el principal problema que debemos afrontar y resolver sin demora.

El momento actual no puede ser más auspiciador para abordar las reformas que hacen falta para recuperar la confianza de la ciudadanía en los poderes del Estado. Tenemos una agenda propuesta por el Ejecutivo enfocada en el sistema de justicia y el de representación política que significa un gran paso hacia la mejora de la institucionalidad.

Lo que nos toca a los actores políticos es actuar en sintonía con el sentir popular que exige cambios importantes en los poderes del Estado que apunten a mejorar la función del Estado, enfocado primordialmente en la protección y bienestar de la población.

No hay razón para recaer en el ruido político y el enfrentamiento entre las fuerzas políticas cuando la agenda de reformas está clara y permite que los proyectos presentados por el Ejecutivo puedan ser enriquecidos y perfeccionados para una óptima funcionalidad.

En nuestra realidad, luego de revelarse la peligrosa penetración de la corrupción en nuestro sistema de justicia, que incluye Fiscalía y Poder Judicial, resulta urgente realizar las reformas necesarias para recuperar la confianza en las instituciones claves para garantizar la certidumbre jurídica. De nada servirá abordar las otras reformas si no se ataca primeramente y a profundidad la crisis terminal en el sistema de justicia.

El deterioro de la institucionalidad está en el límite de la antesala a destructivos proyectos antisistema. Por ello, la sociedad en su conjunto tiene un desafío ineludible para el fortalecimiento del sistema democrático que, hoy con mayor certeza, no puede dejarse en manos de unos pocos.