El Artículo 176 de la Ley de leyes señala que “El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil”.
Asimismo la Ley Orgánica de Elecciones (Ley No. 26859) prevé en el Artículo 2, que “El Sistema Electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y sean el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa y secreta”.
Este amparo constitucional y jurídico tiene que prevalecer, ante las denuncias que han sido incoadas ante el Ministerio Público, por el Dr. Luis Lamas Puccio y el Dr. Mario Amoretti, ante la inercia y pasividad de la fiscal de la Nación.
Las denuncias de flagrantes irregularidades en el escrutinio de los votos de diferentes mesas y centros electorales, inclusive del extranjero, las cuales ponen en tela de juicio el proceso electoral y afectan así grave y dolosamente la legítima voluntad popular expresada en las urnas, no pueden ser resueltas con arreglo exclusivo a razones meramente formalistas y de procedimientos administrativos que no tienen ningún asidero constitucional y menos jurídico, ya que prevalece la supremacía de la Carta Magna, como lo señala el Artículo 51, “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente…”.
Es imperativo en resguardo del interés nacional, el cual debe y tiene que prevalecer, que los representantes tanto del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) así como de los Jurados Electorales Especiales (JEE) impartan justicia con criterio de conciencia, sin vulnerar, sin violar y sin traicionar, los principios rectores asentados en nuestra Constitución Política.
Cualquier otra maniobra restaría la necesaria legitimidad política ya sea al futuro presidente del Perú, sea uno u otra, por lo que exhortamos en aras de la seguridad y tranquilidad pública tan necesaria para el país, cumplir estrictamente dentro del marco constitucional y jurídico y no con argucias o leguleyadas de resoluciones a último momento, que pretenden vulnerar lo que el pueblo expresó en las urnas, violentando la Declaración Universal de Derechos Humanos (de la cual el Perú es Estado Parte) que a la letra dice, Artículo 12, inciso 3 “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

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