Hace más de 10 años (mayo 2010) Proinversión inició el proceso de adjudicación del proyecto Hidrovía Amazónica cuya concepción inicial fue construir un sistema para intercomunicar las poblaciones de la región amazónica mejorando la navegabilidad y el servicio de transporte fluvial de carga y pasajeros entre los puertos de Yurimaguas, Iquitos y Pucallpa por presentar serios problemas de deficiencia en infraestructura, malas condiciones de navegabilidad y un elevado nivel de informalidad, lo cual limita su desarrollo.

Recién 7 años después (setiembre 2017) el proyecto fue concesionado por 20 años al Consorcio Cohidro, conformado por la empresa peruana Construcción y Administración SA (Casa) y la china Sinohydro Corporation, el cual asumirá una inversión de US$ 94 millones para el dragado de los “malos pasos” (zonas de poca profundidad) en los ríos Ucayali, Marañón, Huallaga y Amazonas, de sedimentos, rocas y tierra hasta alcanzar 56 metros de ancho y 2.45 de profundidad para que grandes embarcaciones puedan navegar durante todo el año, y por tratarse de un esquema Asociación Publico-Privadas (APP), el Estado peruano debe pagar al consorcio US$ 24 millones anuales por 5 años por avance de obra, y entre el quinto y veinteavo año US$ 17.8 millones anuales por pago de operación y mantenimiento. El consorcio aseguró que la primera etapa (dragado por el río Huallaga hasta Iquitos) estaría lista el año 2020, pero el proyecto ni siquiera se ha iniciado.

Aunque este proyecto está considerado entre las obras del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) priorizándose su ejecución con DL1500 mayo 2020, y para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el contrato de concesión sigue vigente, su ejecución es incierta e insegura debido a problemas que se están presentando que lo podrían convertir en un proyecto inviable, primero porque el plazo para que el concesionario absuelva las observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) venció en mayo 2020, pero en diciembre 2019 el consorcio decidió no continuarlo, además, el dragado de los “malos pasos” (que el concesionario aumentó de 13 a 24) representan unos 40 millones de m3 de sedimentos, rocas y tierra que generarían impactos negativos sobre hábitats y ecosistemas, por último, el pasado 22 de enero la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) y la Organización Regional Amazónica de Ucayali (Orau) presentaron una demanda ante el Poder Judicial solicitando la cancelación del citado proyecto por constituir una amenaza a los pueblos y ríos a consecuencia del dragado.