Estas elecciones son atípicas no solo porque en cuatro años hemos tenido igual numero de presidentes y dos congresos, sino porque las instituciones que sustentan el Estado de derecho constitucional se encuentran debilitadas y desprestigiadas, en circunstancias que la pandemia continúa provocando muerte, pobreza y angustia.
En el Tribunal Constitucional, seis de siete jueces están con mandato vencido hace año y medio.

En el Poder Judicial, de veinte vocales de la Corte Suprema solo catorce están en funciones, pero este año se jubilan cuatro por límite de edad y dos podrían ser removidos, lo que reduciría a ocho el número de magistrados en función jurisdiccional, uno de los cuales preside el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otro el Poder Judicial; seis serían, en consecuencia, quienes tendrían la más alta responsabilidad jerárquica en un sistema de justicia sofocado por la acumulación de tres millones trescientos mil expedientes. Y en el Ministerio Público de cinco fiscales supremos, dos resultaron defenestrados a la vez que existen graves cuestionamientos sobre la independencia –e imputaciones de politización– de esa entidad.

Por su parte, la actuación del JNE ha sido observada por cambiar varias resoluciones para que Vizcarra continúe compitiendo, pese a no declarar numerosas propiedades, no retirarse de la función pública seis meses antes de los comicios y recientes escándalos por vacunarse en secreto y reunirse, igualmente en secreto, con dos fiscales que investigan su participación en la banda criminal Los Cuellos Blancos.

Resolver las precariedades de dichas instituciones, sin embargo, parece que no se encuentra en los planes de gobierno de los candidatos, a pesar de su enorme importancia para la democracia y a pocas semanas del evento electoral, cuando 55 % de ciudadanos no sabe por quién votar. Desconocimiento que se explica, entre otras razones, porque la mayoría de postulantes no pertenecen a partidos políticos, sino que se encuentran cobijados en membretes registrados en el JNE que usan como vientres de alquiler.

Estamos al final de una ruta serpenteada y escabrosa, con escasas exposiciones de calidad, zarandeados con un PBI que registra el retroceso más alto del hemisferio (-13 %), con la más alta tasa de muertes por COVID-19 en el mundo por millón de habitantes, y con una delincuencia en alarmante crecimiento.

En este tramo final de la campaña, en consecuencia, debemos conocer propuestas serias de los candidatos. No más insultos, calumnias, mentiras ni videos deplorables de políticos angurrientos que buscan publicidad ufanándose de fumar marihuana, bailando ridículamente, saliendo en bikini para atraer votos o formulando declaraciones descocadas.

Bastante dolor recorre las venas del territorio nacional y, por esa consideración, debemos reclamar al presidente Sagasti un trabajo eficiente, de calidad, para lo cual es indispensable que atienda la compra de camas UCI, plantas de oxígeno y vacunas para todos los peruanos.

Heredero de la gestión nefasta de Vizcarra, el actual mandatario no ha dado muestras, sin embargo, de haber roto el cordón umbilical con el destituido político moqueguano ni con el Partido Morado.

De su actuación política proba e independiente hasta el cambio de Gobierno dependerá si pasa a la historia o se queda en la historieta.