El artículo 38° de la Constitución de 1993, tal como hacía el artículo 73° de la de 1979, dispone que “Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”.

La misma Carta Fundamental peruana señala en el segundo párrafo de su artículo 103° que “La Constitución no ampara el abuso del derecho.”

Las normas mencionadas son sin duda pertinentes de mencionar a propósito de la reciente designación, contra viento y marea, perpetrada por quien oficia como presidente de la República, M. Vizcarra, pero que demuestra que poco o nada sabe, o sabiéndolo no le interesa, de las atribuciones y responsabilidades que su alto cargo significan.

Ya designar ministro de Justicia y Derechos Humanos a Vicente Zeballos Salinas, quien por 24 años le había negado reconocimiento y asistencia alimentaria a una hija, resultó casi una burla al cargo, además del mal ejemplo respecto a la calidad moral de un alto funcionario designado.

Era evidente que para M. Vizcarra más valía el compartir protagonismo y responsabilidades aún por saldar, con motivo del Moqueguazo el 2008, con resultados lamentables en vidas, heridos, daños a la propiedad pública y privada y violación a los derechos fundamentales de muchas personas.

Hacerlo presidente del Consejo de Ministros, el 30 de septiembre de 2019, solo por esos antecedentes y por hacerse prestado a tratar de convalidar retroactivamente un atentado grave a la voluntad popular con la disolución del Congreso elegido el 2016, resultaba un claro agravio a los peruanos.

Sin duda no terminaría allí tanto descaro y vemos que el exceso faltaba superarse con la reciente designación del mencionado al cargo de embajador peruano ante la OEA, materializado hace unos días, mediante Resolución Suprema 088-2020-RE.

Legalmente el presidente de la República tiene la potestad de designar embajadores políticos, ajenos a la carrera diplomática, pero lo que no tiene derecho es a abusar de tal potestad cambiando de ubicación a un embajador de carrera, recién designado un año antes, para hacerle un lugar a quien como Zeballos acababa de dejar el cargo de presidente del Consejo de Ministros en olor de evidente ineptitud y hasta grave responsabilidad al obstruir el acceso a medios para salvar la vida de muchos peruanos durante la pandemia de Covid.

La designación, además del gasto de recursos públicos, deshonra el cargo presidencial así como pone en riesgo el respeto del país ante la comunidad internacional. ¡Lamentable!