Si como todo indica el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está dispuesto a proclamar a Pedro Castillo, después de haberse negado a hacer cosas tan elementales como revisar el padrón de electores, el Perú entraría al bicentenario con un Gobierno ilegal e ilegítimo.

Lourdes Flores, Alfredo Barnechea, Alejandro Tudela, Fernán Altuve, Gonzalo Ortiz de Zevallos, entre muchos otros, coinciden en eso.

La coalición vizcarrista, que sigue gobernando el Perú, ha intentado que pase desapercibido el hecho de que dos tercios de la población cree que hay indicios de fraude. Y que el Gobierno de Francisco Sagasti, los organismos electorales y los judiciales, controlados por esa coalición, están tratando de convalidar descaradamente las múltiples irregularidades denunciadas.

Cada semana aparecen nuevas evidencias de la corrupción de las instituciones dominadas por la coalición vizcarrista, que han validado sus fechorías. El viernes pasado Claudia Toro reveló en un reportaje transmitido en el programa de Beto Ortiz en Willax, las oscuras vinculaciones de uno de los miembros del JNE, Jorge Rodríguez Vélez, el de la cuchipanda del día de la elección.

Ese individuo tiene estrechas relaciones con el sobrino de la muy cuestionada Dina Boluarte –cuya ilegal candidatura fue permitida por el JNE-, y muchas comunicaciones con magistrados corruptos del caso denominado los “Cuellos Blancos”. Pero no solo está libre, limpio de polvo y paja, sino que es miembro del máximo organismo electoral que está convalidando las elecciones más cuestionadas de los últimos 60 años.

La coalición vizcarrista usó políticamente el caso “Cuellos Blancos”, una red de corrupción en el sistema judicial, para liquidar a personas que no aceptaban sus directivas o cuyos intereses no coincidían con los suyos. Administraron perversamente los audios para proteger a unos y desacreditar a otros, y aprovecharon para copar casi totalmente el sistema judicial en el cual ya tenían considerable influencia.

Eso explica cómo, por ejemplo, lo que la Fiscalía considera una organización criminal, “Los Dinámicos del Centro”, asentada en el gobierno regional de Junín, haya sido alertada del operativo en su contra –que además fue convenientemente demorado hasta después de la segunda vuelta-. Y que el Poder Judicial haya rechazado la prisión preventiva contra todos los involucrados, cuando en muchos casos de adversarios políticos de la coalición vizcarrista, han sido encarcelados sin ninguna evidencia.

Es decir, la captura de las instituciones, consolidada en el periodo de Martín Vizcarra, les está permitiendo ahora ratificar el fraude electoral para hacerse del Gobierno. Todo eso utilizando organizaciones criminales, como “Los Dinámicos del Centro”, y magistrados corruptos que se prestan a su juego para defender sus putrefactos beneficios.
Así, llegamos al bicentenario con instituciones estatales y un sistema político similar –por ineficiente y corrupto- al que teníamos hace 200 años, y con el peligro de caer en manos de una tiranía tan o más despótica que la que derribaron los ejércitos de José de San Martín y Simón Bolívar.

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