Los impuestos de los peruanos pemiten que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, creado en 2012, tenga en 2021 el fabuloso Presupuesto de 5 mil millones de soles. Su objetivo es garantizar un servicio alimentario para niños desde 3 años de edad de instituciones educativas públicas y promover mejores hábitos nutricionales.

Paralelamente, siguiendo el patrón de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la última Encuesta Demográfica y Familiar del INEI, la desnutrición crónica afectó al 12.2% de niños menores de cinco años (24.5% en el ámbito rural). Dicho mal estado nutricional incrementa el riesgo de padecer enfermedades y limita los logros educativos. Por su parte, los niveles de anemia infantil son de 40.1% (49% en el campo). La menor oxigenación de los tejidos que ocasiona, se asocia a una menor capacidad física y mental. Dichos números aumentaron durante este año de pandemia y significan una injusta condena para millones de peruanos. Malos resultados para los programas que deberían reducir tales cifras de horror.

En mi columna del 9 de noviembre de 2019, mencionaba que el sector privado había desarrollado una crema láctea fortificada con hierro y omega 3 que en las pruebas había revertido la anemia en 96% de los niños afectados. Hasta hoy, los promotores de Qali Warma no han invertido un sol en esta solución.

Por el contrario, en las últimas semanas han surgido nuevos reclamos contra el Programa en mención. Miles de trabajadoras conserveras se encuentran en pie de lucha junto con los productores de Chimbote y otros puertos. Este sector es regulado en exceso y encuentra obstáculos permanentes para proveer de latas de pescado en base a especies propias de nuestro mar, como anchoveta, jurel, caballa, bonito, atún, etc., singulares por sus excelentes proteínas, omega 3 y hierro. Se les imponen requisitos sanitarios muchas veces absurdos y solo compran a intermediarios en lugar de adquirirlos directamente del fabricante. A menudo se distribuye productos importados de dudosa procedencia y calidad, que compiten deslealmente con nuestra industria, como fue el tristemente célebre caso de las conservas de China con una inesperada carga de gusanos.

Los procesadores chimbotanos también han protestado por una insólita exigencia de Qali Warma, que habría modificado intempestivamente la tabla nutricional de las etiquetas de las conservas que adquieren, a pesar de que no hay cambios en la formulación de los productos. Se pide consignar valores de azúcares, ingrediente poco relevante en filete de pescado. Lo más grave es que ya hay más de 24 millones de latas producidas y etiquetadas de manera tradicional, por lo que se pone en peligro de quiebra a más de 35 plantas y 40 mil empleos.

¿Por qué varían las reglas de juego tan irracionalmente? ¿Alguien sabía con anticipación que se iba a dar este cambio? ¿Quién gana mientras las conserveras pierden? Una angustiada madre de familia que forma parte del ejército de esforzadas mujeres que día a día esperan trabajar en las fábricas enlatadoras, me contestó con poco disimulada amargura: “¡Piensa mal y acertarás!”. Ninguno de los casi 2,000 empleados que tiene Qali Warma se da cuenta de semejantes despropósitos.

Si tenemos una industria conservera que produce el 66% de lo que registraba en 2011, y el Estado no cumple con lo establecido en la Ley General de Pesca y su Reglamento respecto de la promoción preferente y del abastecimiento permanente de la industria conservera, ¿porqué además lo ahoga con sospechosas disposiciones? ¿Imatam munanki, Qali Warma? ¿Qué quieres, Qali Warma?