Imposibilidad de excluir al defensor del imputado

Imposibilidad de excluir al defensor del imputado

El desarrollo de los estándares mínimos para el ejercicio del derecho fundamental a la defensa en un proceso penal ha sido cada vez mayor tomando en cuenta sus dos dimensiones: la defensa material o autodefensa y la defensa técnica a cargo de un profesional del derecho. En esta segunda dimensión era insuficiente consagrar la primacía de la defensa elegida por sobre la defensa necesaria, sino que, en el caso de esta última, debía convertirse en un servicio que el Estado puede ofrecer a sus ciudadanos, aun cuando tengan los recursos para solventarla. La eficacia de la defensa también es un elemento indispensable en el proceso penal desde los actos iniciales hasta la última instancia.

La defensa eficaz se manifiesta en una serie de exigencias concretas que requiere un profesional preparado para desplegar una actividad probatoria de descargo mínima, evitar la inactividad argumentativa en los espacios procesales en las que es necesario, su participación debe denotar un conocimiento técnico del proceso y sus etapas, el uso adecuado y debidamente sustentado de los recursos que permitan cuestionar aspectos formales o sustanciales del proceso, y la proscripción de un abandono injustificado y repentino a su patrocinado. Esta defensa eficaz supone una preparación previa y suficiente en el caso y, por lo tanto, también la exigencia de un plazo razonable para ese fin.

La primacía de la defensa elegida consiste en que ante la ausencia del abogado en actuaciones inaplazables este no puede ser excluido de dicha función (entendido como separación permanente del caso), sino únicamente reemplazado para el acto procesal del que se ausentó, caso en el cual la defensa pública asume este rol de manera temporal y dependiendo de la voluntad del imputado. Este criterio se dio a conocer en la Casación No. 509-2019/Ucayali, en la que se señaló como indebida aquella práctica judicial de excluir al abogado no solo del acto procesal en el que no estuvo presente, sino también de todo el proceso. Vale la pena advertir que sobre este criterio se podría cuestionar que, si ante la falta de diligencia o desempeño apropiado del fiscal sí se prevé expresamente su exclusión, entonces el abogado defensor debería tener el mismo trato. Sin embargo, este razonamiento no es admisible, por la responsabilidad que tiene el fiscal en la persecución punitiva, mientras que para el imputado prevalece la garantía de que quien asume su defensa tenga las condiciones profesionales, que a su juicio son requeridas para asumir la responsabilidad de liberarlo de los cargos o atenuar el tratamiento punitivo, esto es, quien le genera confianza.

Como derecho fundamental inviolable e irrestricto, la defensa seguirá generando más doctrina jurisprudencial. Y el abogado siempre será la garantía revestida de condiciones únicas para que esa labor de defensa pueda ser ejercida a plenitud. Cualquier interpretación restrictiva que pueda colocar al imputado en indefensión será, en consecuencia, inaceptable.

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