Desde hace algunos meses se viene planteando la posibilidad de llamar a un adelanto de elecciones generales bajo la consigna de “que se vayan todos”, tomando de argumento los diversos escándalos de corrupción, errores de gestión e impopularidad de Pedro Castillo y del Congreso de la República.

Este pedido se ha exacerbado los últimos días, de la mano de algunos políticos vinculados al Partido Morado, quienes han iniciado una campaña de recolección de firmas para presentar un proyecto de ley al Congreso que permita el adelanto de elecciones. Esto en el contexto de la investigación fiscal que se ha abierto contra Castillo (algo nunca visto) y varios de sus familiares.

Aunado a esto, vienen intentando posicionar a Francisco Sagasti como candidato presidencial, algo que está generando rechazo en sectores de la oposición, que consideran que Sagasti se hizo del poder de forma inadecuada, aprovechando la muerte de dos jóvenes el 2020, tras las manifestaciones que ocasionaron la salida de Merino.
Sin embargo, resulta interesante cotejar que, en las elecciones pasadas, el Partido Morado obtuvo solo 3 escaños (aunque nadie entiende, o quiere entender, cómo es que superó la valla electoral). Por lo que se puede asumir que la propuesta de adelanto de elecciones generales, por lo menos surgida desde este partido, no nace con respaldo popular.

Esta propuesta tampoco parece calar en la oposición parlamentaria que, si bien considera que Castillo debe dejar el cargo de presidente, no está dispuesta a recortar el mandato congresal, además de argumentar que las figuras de Corvetto y de Salas Arenas, a la cabeza de la ONPE y del JNE respectivamente, no garantizarían un proceso electoral transparente.

Además, la aprobación de leyes que podrían considerarse “conservadoras” son el claro reflejo de negociaciones políticas entre el Ejecutivo y la oposición parlamentaria (ambos “conservadores”), que le permiten a Castillo desfogar parte de la tensión política, y encontrar un enemigo común, aunque sea de manera momentánea: los progresistas o “caviares”; sobre quienes se argumenta que han controlado y se han beneficiado del Estado desde la caída de Fujimori, copando diversas instituciones públicas.

A esto se debe sumar que el Ejecutivo parece tener un pacto de gobernabilidad con Acción Popular (vía los niños), que le permite alcanzar los votos suficientes para mantener el poder, por lo menos dentro del marco constitucional vigente, lo que le facilita la negociación con la oposición, ya que no tienen forma de sacar a Castillo del cargo.

Debido a esto, se puede considerar que, de lograr recolectar las firmas para presentar un proyecto de ley sobre adelanto de elecciones al Congreso, este terminará archivado.

Conscientes de lo anterior, parece que la estrategia de quienes buscan nuevas elecciones generales implica posicionar su discurso en medios de comunicación afines, en los cuales han tenido gran cantidad de exposición, buscando incrementar su respaldo popular y, en caso del archivamiento de su proyecto en el Congreso, motivar a la población a expresarse con posibles manifestaciones y marchas, con las que buscarían generar presión política (como sucedió contra Merino); algo difícil de lograr actualmente desde los medios de comunicación, porque estos se encuentran bastante desprestigiados.

Debido a todo esto, un adelanto de elecciones generales es improbable, por lo menos en el corto plazo.

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