Improcedencia constitucional del cierre del Congreso

Improcedencia constitucional del cierre del Congreso

Se ha decretado el cierre del Congreso de la República, sin que exista causa constitucional para ello, lo cual quiebra el Orden Constitucional, por lo que la convocatoria a nuevas elecciones congresales, por consecuencia, carece de legitimidad constitucional.

El Congreso tiene dos opciones: Aceptar el decreto inconstitucional y constituirse en colaborador por omisión de la quiebra del Orden Constitucional, o rechazarlo por grave infracción constitucional, declararlo inaplicable por transgredir el artículo 45 de la Constitución, abrir proceso sumario de acusación constitucional contra el presidente en aplicación del artículo 117 de la Constitución, por estar impidiendo el funcionamiento del Congreso de la República, y suspenderlo conforme al artículo 114, en un solo acto, lo que significa cumplir con el deber constitucional del Congreso.

Que el Congreso tenga en agenda un tercer procedimiento de vacancia presidencial, esta vez, por incapacidad moral, no es motivo que justifique el cierre de este Poder del Estado, y por el contrario constituye un flagrante abuso del poder Ejecutivo, que lesiona el Estado de Derecho y la vida democrática de la nación.

El presidente no puede cerrar el Congreso porque le es políticamente adverso, o porque le interponen los procedimientos que la Constitución establece, tampoco puede apelar a sus facultades presidenciales para enervar estos procedimientos, pues ya estaría incurso en las causales por las que se le puede procesar y suspender durante su mandato, como lo establece el artículo 117 de la Constitución.

Que el Congreso haya seguido el procedimiento de vacancia por incapacidad moral, no impide que al amparo del artículo 117 de la Constitución, siga complementariamente el procedimiento de acusación constitucional por impedir el funcionamiento del Congreso al emitir decreto de cierre de este Poder del Estado sin causa constitucional, y por consecuencia deba declarar inaplicable por el Congreso este decreto por transgredir la Constitución.
Lo preocupante de todo esto es que asuma la presidencia Dina Boluarte, quien ha estado gobernando en bambalinas, usurpando funciones presidenciales, desde el inicio de este gobierno, siendo responsable de todas las disfunciones de gestión, de la designación de los ministros discapacitados para el cargo, de las políticas de sujeción a la Agenda 2030 de la ONU, y de los crímenes de Estado (Genocidio y Crímenes de lesa humanidad) que viene cometiendo este gobierno para someterlo al Gobierno Mundial de la ONU, mientras coquetea con Klaus Schwab y el Foro de Davos para entregar en bandeja el patrimonio nacional a la élite mundial.

Oremos por el Perú.

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