El gobierno de Castillo ha presentado al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional con el objeto de modificar el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución para sustituir la permanente incapacidad moral por la mental como causal de vacancia de la presidencia. Se trata de un proyecto fallado, porque la incapacidad mental es un grado de la incapacidad física producida por una enfermedad que paraliza al ser humano.

Hay muchísimos ejemplos, un ataque cardiaco que deja a su víctima sin habla, un ataque cerebral que genere las mismas consecuencias.

Diversas modalidades de la esclerosis múltiple que inhabilitan a la persona y le impiden comunicarse, formas totales de ceguera, mudez y sordera, amnesias, ataques de locura o manifestaciones de senilidad absoluta, etc.

Los ejemplos son y pueden ser muchísimos pero la inmensa mayoría se originan en dolencias físicas y psíquicas que tienen el efecto de incapacitar a una persona para el ejercicio de la función presidencial. Todo lo cual debe ser investigado y dictaminado por informes médicos emitidos por profesionales en la materia de la más alta reputación, nacionales o extranjeros. En el Perú hasta ahora no hemos tenido situaciones de esa naturaleza.

En 1904 falleció el Presidente Candamo, quien fue sucedido por el Segundo vicepresidente Serapio Calderón (el primer vicepresidente había fallecido previamente), quien convocó a elecciones y entregó el poder al Presidente electo José Pardo y Barreda cinco meses después. Sin embargo en la historia peruana nunca se ha dado el caso de que el Presidente en ejercicio sea sustituido por una incapacidad física y mental.

Esta falta de experiencia en el tema ha alentado al gobierno de Castillo a formular un proyecto que esconde un grave contrabando. La permanente incapacidad moral también señalada en el inciso 2) del artículo 113, obedece a otras causas basadas en el criterio político, particularmente en la tendencia sistemática del primer mandatario de mentir en el ejercicio de funciones o de verse involucrado en muy graves situaciones, delictivas o no, distintas de las contempladas en el artículo 117 de la Constitución para suspender al Presidente y someterlo a un proceso judicial por los delitos señalados en ese dispositivo.

No cabe duda, por lo tanto, que el criterio para aplicar la vacancia conforme a una u otra causal es muy distinto. La determinación de la incapacidad moral permanente del Presidente obedece a un juicio de valor de los congresistas basado en la reiterada conducta del Presidente, como la mentira reiterada y permanente. Además requiere de una mayoría calificada de los dos tercios del número legal de congresistas, hoy no menos de 87.

La salvaguarda de la gobernabilidad reside precisamente en esa mayoría calificada que en la práctica es muy difícil de obtener. El Congreso hará bien en rechazar el proyecto del Ejecutivo, el cual merece ser enviado al archivo.

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