El juez de 1ra instancia de Arequipa que ve el caso del motín (2015) de los agricultores de Islay contra el proyecto minero “Tía María”, acaba de dictar sentencia de cárcel de 16, 12 y 7 años para 3 de sus dirigentes.

El Código Penal, artículo 348, fija para motín cárçel “…no menos de 1 ni mayor de 6 años”.

Se imputa a uno de ellos, delito de extorsión en grado de tentativa: extorsión, con pena no menor de 10 ni mayor de 15. Es tentativa siempre y cuando se haya comenzado su ejecución. En este caso se disminuye la pena “prudencialmente”.

En la sentencia se imputan además del delito de motín, los delitos de “entorpecimiento de los servicios públicos” y distorsiones: El juez no distingue que motín es delito social político y se origina en la Constitución (art. 45) y que los otros son delitos comunes tipificados en el Código Penal.
El motín es un alzamiento sin armas. Los otros alzamientos (con armas) son rebelión y sedición.

El juez arequipeño, de hecho, es un incendiario social; pues no ha tomado en cuenta la situación de emergencia del país, no solo por el coronavirus, la podredumbre moral, el conflicto de poderes con vacancias y renuncias, la urgencia de elecciones limpias el próximo abril y un presidente legítimo en julio, que pueda resolver con diálogo y no con las armas el paso del Perú del “Capitalismo Salvaje” al “Capitalismo Racional”.

“Tía María” fue rechazado por un motín exitoso pero al precio de 7 muertos y decenas de heridos y judicializados.
Vizcarra, después de que su ministro de Energía y Minas otorgara la licencia, la anuló declarando que mientras él esté en el poder Tía María no va. Más contundentes los agricultores de Islay que invocaron el principio universal actual de que “con la oposición de la población y con sangre, no hay minería”.

Apenas leída la sentencia, el gobernador regional de Arequipa, Cáceres Llica la rechazó y el presidente de la Federación Departamental de Trabajadores convocó a una reunión para mañana jueves para acordar un ultimátum para la revocatoria de la sentencia que ha sido apelada, recalcando que las próximas elecciones tienen que realizarse y para el efecto, garantizaría paz social del 1 al 15 de abril si se lo solicita el JNE.

Esta sentencia es subversiva. Si no la revoca la instancia superior, hay riesgo de bloqueo de todas las carreteras; la justicia natural sobrepujaría a la justicia de códigos y constituciones.