Inconsistencias de Petro

Inconsistencias de Petro

En la ofensiva de Gustavo Petro contra el Fiscal Francisco Barbosa, el mandatario colombiano afirmó que su gobierno es víctima de intentos de “golpe de Estado” por medio de investigaciones fiscales contra él, su entorno y su hijo Nicolás Petro, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El 6 de febrero, Petro convocó a reunión al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, para conversar sobre la convocatoria para reemplazar al fiscal Barbosa cuyo mandato se vence el lunes 12. Chaverra salió tranquilo, pensando que Petro desistiría en su intento por convocar a manifestaciones durante las votaciones. Pero 15 minutos después el mandatario publicó una foto de la reunión, solicitando organizar a las “fuerzas populares” para el día de la elección.

El 8 de febrero la Corte Suprema se congregó en Palacio de Justicia para elegir al reemplazo del Fiscal Barbosa. Pero, luego de dos rondas de votaciones, ninguna de las tres candidatas propuestas por Petro logró la mayoría calificada con 16 de 23 votos, suspendiéndose la sesión.

Los manifestantes rodearon la sede judicial impidiendo la salida de los magistrados que quedaron sitiados. La situación siguió agravándose hasta que Petro llamó a la calma, permitiendo que la policía restableciera el orden para evacuar a los jueces.

Ante la negligencia del mandatario, las autoridades se pronunciaron en contra del bloqueo ilegal de los manifestantes, condenando una inaceptable violencia que traspasó los límites del derecho a la protesta pacífica. Chaverra declaró que “la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la Justicia”.

La Fiscalía General de la Nación expresó “rechazamos los actos de violencia perpetrados en contra de la Corte Suprema de Justicia, así como las agresiones a servidores públicos, periodistas y a la infraestructura del Palacio de Justicia”, informando que iniciarían acciones penales frente a los graves actos delictivos.

Pero los hechos en Palacio de Justicia nos recuerdan el oscuro periodo marcado por la violencia, atentados terroristas, intensificando el narcotráfico en Colombia. En 1985, el gobierno enfrentó al M-19, financiado por el Cártel de Medellín, contexto en el que se produce la toma e incendio del Palacio de Justicia, atentado organizado por el grupo terrorista del hoy mandatario colombiano.

Durante la toma de la sede de Justicia, 35 guerrilleros del M-19 asesinaron a los vigilantes para ingresar, tomando 70 rehenes. En el enfrentamiento con el ejército murieron unas 100 personas –12 de ellos magistrados y el presidente de la Corte Suprema–, quedando en ruinas el edificio.

En 1917 se publicaron documentos demostrando que Pablo Escobar pagó 5 millones de dólares al M-19 por la toma del Palacio de Justicia; un millón por la cabeza del presidente de la Corte Suprema Alfonso Reyes Echandía y otro millón por quemar los expedientes de la extradición de narcotraficantes. La Corte señaló que no había posibilidad jurídica de reabrir el caso.

Pero retomando el conflicto con el Fiscal Barbosa, recordemos su inicio con la declaración de Petro: “El fiscal olvida una cosa, que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”. La constante en los múltiples mensajes en X que comenzan con “yo soy el único…”, presentan preocupantes aires autoritarios.

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