Hasta antes de la crisis pandémica, el 73.6% de la población ocupada en el Perú -que equivalía a 12 millones 700 mil personas- tenía empleo informal, según la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2019) del INEI. Del total de trabajadores informales, el 83.2% (10 millones 600 mil) se encontraba laborando en micro y pequeñas empresas. Con el cierrapuertas de la economía (cuarentena), las primeras víctimas del desempleo fueron ellos. Al ser gran parte informal, no hubo ningún programa de reactivación que acudiera a su salvataje, salvo por ahí algún bono milagroso o canasta municipal que se le cruzó en el camino.
Recordar que en el Perú tienes hoy que tener como mínimo 6 soles diarios exclusivamente para saciar tu hambre (ojo, ingreso per cápita). Hasta antes de la pandemia, más de 942 mil se encontraban con menos de 6 soles diarios en el bolsillo para llevarse algún alimento a la boca (pobre extremo). De seguro, en la actualidad esa cifra lamentablemente se ha multiplicado y con ella los indicadores de desnutrición y anemia.
Y si hablamos de pensiones la situación es más dramática. El 65.4% de los trabajadores antes de la pandemia no tenía ninguna cobertura previsional. En la población pobre este indicador bordeaba el 90%. Sin embargo, los pobres que sí cuentan con un seguro previsional (10.1%), obtendrían una pensión proyectada cuyo valor económico tampoco les alcanzaría para cubrir una canasta mínima de alimentos, bienes y servicios (hoy calculada en 352 soles al mes, de acuerdo al INEI) debido a sus bajos aportes durante su vida laboral.
Los desafíos son aún mayores para las mujeres, ya que su inserción laboral es menos protegida (sólo el 27.1% aporta para una pensión) comparada con los hombres (41.2%).
Esta situación es producto de un mercado de trabajo formal caracterizado por elevadas y costosas barreras de ingreso (sobrecostos no necesariamente asociados a sueldos y salarios), falta de incentivos para dinamizar la inversión privada (tributarios/regulatorios), precaria formación laboral (académica y tecnológica) y una enorme brecha de servicios básicos (infraestructura/gestión); factores que impiden la articulación eficiente de los mercados (internos y externos).
Todo ello se refleja en insuficiente oferta de empleos, significativas brechas en la calidad de los mismos, en magros ingresos laborales (sueldos y salarios), y, en el difícil acceso a la protección social (seguro y pensiones dignas).
¿Alguna propuesta seria y sostenible para la generación de empleo digno y pensiones justas por parte de los candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República? O, ¿nuevamente engatusarán a los incautos haciéndoles creer que “por ley” las empresas subirán el valor de los sueldos y salarios y el Estado repartirá alegremente pensiones mínimas a todos los que se jubilen, sin importar si aportó o no algún sol a lo largo de su vida laboral?