Si retrocedemos en el tiempo hasta la fundación de los primeros Estados encontraremos que muchas de las instituciones constitucionales de nuestros días explican su naturaleza y razón de ser en que permitieron sentar las bases de la organización estatal. Entre estas principales bases tenemos el límite al ejercicio del poder y el balance entre los poderes constituidos. Junto a estas bases se han mantenido hasta hoy, con algunos cambios y con la convicción de su utilidad, las llamadas garantías institucionales, principalmente en aquellos Estados en los que la maduración constitucional y democrática aún está en camino.

Es un buen ejercicio recordar las razones que dieron origen a las garantías institucionales, una de las cuales es la inmunidad parlamentaria. La historia es rica al respecto y nos permitiría reflexionar sobre su valía, así como también desalentar aventuras irreflexivas o reactivas. En ese sentido, el origen inglés de la inmunidad parlamentaria estuvo inicialmente ligado a los nobles y al clero, pero mediante el Bill of Rights de 1698 el Parlamento le impuso esta condición a la Corona británica. En Francia se acogió en 1789 mediante la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y posteriormente en la Constitución francesa de 1791. Sin embargo, durante la “época del terror” de Robespierre se derogó dicha prerrogativa con el argumento del principio de igualdad y que había que dar justicia rápida y debida al pueblo. Una vez concluida esta oscura etapa en la historia francesa, se volvió a la normalidad con el retorno de inmunidad.

Desde sus orígenes la inmunidad fue entendida como una garantía cuyo objetivo era proteger a los integrantes del Parlamento para poder equilibrar el poder del Ejecutivo, es decir, como un instituto útil para mantener el equilibrio de poderes. Sin embargo, no se puede negar que el mal uso de esta garantía también podría significar impunidad, lo que desdibujaba su forma de prerrogativa a privilegio, esto es, a un mecanismo de protección personal (lo cual sí está fuera de toda exigencia constitucional).

Los constitucionalistas dedicados a su estudio indican que justamente sirvió de resguardo a los parlamentarios ante las posibles denuncias penales maliciosas motivadas por los apasionamientos políticos o intrigas particulares. Si en el Perú de hoy estas deleznables prácticas han sido proscritas, no tiene sentido mantener la prerrogativa de la inmunidad solo por tradición. Pero si todavía existen, lo que convendría es reforzarla dotándola de límites precisos que impidan los extremos de ligereza o de abuso. Entre estos límites, uno trascendental sería determinar el alcance efectivo y razonable en el tiempo o la suspensión de la prescripción de la acción penal o el plazo para resolver los pedidos de levantamiento de inmunidad.

Por la misma razón de ligereza o abuso en el uso de esta garantía institucional, también debería revisarse la misma prerrogativa para miembros del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y la que alcance a los funcionarios de alto nivel en relación a los delitos de función. El riesgo de hacer mal uso de las garantías institucionales estará siempre presente, puesto que cuando del poder político siempre existen quienes tratan de perturbar el funcionamiento de los órganos del Estado. Nada mejor que la historia para recordar nuestros desafíos actuales.