Como consecuencia de la insistencia en continuar recogiendo firmas, para solicitar de que se convoque a referéndum a fin de consultar a la población sobre si desea o no una nueva Constitución, creando así una falsa expectativa, por cuanto no existe ningún dispositivo legal que lo permita, la Comisión de Constitución del Congreso acaba de aprobar un dictamen para modificar los artículos 40 y 44 de la Ley 26300 y, conseguir así evitar que se siga engañando a la población.

Con relación al referido dictamen hay que destacar, como reiteradamente lo hemos señalado con mucha anticipación, que no es necesario reformar dichas normas reglamentarias relativas al referéndum, por cuanto las vigentes son suficientes para orientar el uso de esta consulta popular; inclusive, puede dar lugar a que se produzca una distorsión de la aplicación de las normas hoy vigentes, como por ejemplo el comentario de algunos asesores de la propia Comisión de Constitución, cuando se refieren a que “…el presidente de la república puede convocar a referéndum…”.

Opinión ésta, totalmente equivocada; pues, el jefe de Estado únicamente puede convocar a elecciones y no a consultas populares (ver artículo 118, inciso 5 de la Constitución; y artículo 8, inciso 1, de la Ley 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo).

Y, si alguien tiene todavía duda; revisar el artículo 80 de la Ley 26859 – Ley Orgánica de Elecciones que señala: “Corresponde al Presidente de la República iniciar el proceso electoral convocando a elecciones mediante decreto supremo, a excepción de los dispuesto en la Ley de Participación y Control Ciudadanos”. Y por qué la excepción; por cuanto precisamente el artículo 44 de la Ley 26300 establece “La convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral…”, y no al presidente de la república.

Asimismo, es pertinente destacar que, de acuerdo con el artículo 31 de la citada Ley 26300, el referéndum es un derecho de la ciudadanía, y no de la persona del jefe de Estado ni de los congresistas; previsión que encontramos en su reglamentación indicada en el artículo 38 la misma ley, el cual precisa la forma como debe solicitarse.

Y, si se quiere ser aún más exigente, se debe tener presente el artículo 37 de dicha Ley 26300, que dice “El referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución…”.

De la misma forma, en atención a la inquietud de la Comisión de Constitución del Congreso, hay que recordarle que, tanto el artículo 32 de la Constitución como el artículo 39 de la ley muchas veces citada (Ley 26300), con toda claridad precisan qué es lo que puede ser sometido a referéndum y, en ninguno de sus incisos se incluye la posibilidad de que pueda ser usado como medio de consulta, dándole un carácter plebiscitario, para consultar a la ciudadanía sobre un asunto que no sea el de aprobar o desaprobar una reforma constitucional que, previamente haya sido aprobada por el Congreso de la República, de conformidad a lo previsto en el artículo 206 de la Constitución.

Inclusive, si el Congreso aprobara una reforma constitucional únicamente con la mayoría absoluta de votos, del número legal de miembros, requiriéndose, por lo tanto, el ser confirmado por consulta popular, la convocatoria a referéndum no es automática, se requiere que lo solicite expresamente la ciudadanía en base a los requisitos establecidos en la norma, la misma que señala que debe ser el 10 por ciento de los electores a nivel nacional quienes lo pidan.

Estas son las razones que hacen innecesario modificar los artículos 40 y 44 de la Ley 26300. En todo caso, es necesario hacer de conocimiento de la ciudadanía que no se deje engañar una vez más, utilizando todos lo medios de difusión necesarios, y con suficiente anticipación. De manera tal que se reoriente la conducta ciudadana por el camino de lo legal en lugar de violentar el ordenamiento jurídico vigente.

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