Por Vilma Maribel Martínez Huamani

“El Principio de Previsibilidad de las Consecuencias de una Sentencia Constitucional impone al Tribunal Constitucional disponer que se adopten determinadas medidas para el tratamiento de una consecuencia ocasionada por la sentencia constitucional, así como los principios o parámetros constitucionales que han de regirlas. Ello tiene lugar, solo en el caso de que la consecuencia pueda ser eventualmente lesiva de derechos o principios constitucionales, de modo que las medidas ordenadas estarán orientadas a evitar tales consecuencias”.
Sobre la interposición de esta demanda de acción de amparo planteada por un ciudadano para paralizar la elección del Tribunal Constitucional por parte del Congreso, considero que es un absurdo jurídico. Dicha demanda de acción de amparo, que paralizó y suspendió el proceso de elección de los nuevos siete miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso de la República, la debió interponer alguno de los candidatos que se haya visto afectado con algún acto lesivo en forma de amenaza cierta e inminente o en su forma de afectación de un derecho constitucional en el proceso de elección.
Es decir, en la etapa de calificación de la demanda de acción de amparo, la jueza constitucional inobservó el incumplimiento de un requisito que generaba la improcedencia de dicha demanda de amparo, pues no cumplía los requisitos establecidos legalmente para interponer dicha demanda. Esta grave inobservancia, ha generado un mal precedente que podría permitir que cualquiera pueda plantear demandas de amparo para suspender cualquier procedimiento propio de las funciones de un poder del Estado constitucionalmente autónomo por imperio de la supremacía de la Constitución y del Principio de Separación de Poderes.
La elección de los magistrados de Tribunal Constitucional es una competencia exclusiva del Congreso de la República establecida en la misma Constitución. El Poder Judicial a través de los jueces constitucionales se estarían encargando de decidir e interferir en las funciones propias de estos poderes del Estado.
A la fecha, se definiría al Poder Judicial como panacea de las demandas carentes de razonabilidad, y con una clara intención de abuso del derecho. Estas resoluciones emanadas de los jueces constitucionales estarían controlando al Poder Ejecutivo, Legislativo e incluso a los colegios profesionales, como ya ha sido el caso del Colegio de Abogados de Lima.
Actualmente, como consecuencia de haber quebrado el Principio de Previsibilidad de las Consecuencias de una Sentencia del Tribunal Constitucional, también conocido como Principio de Criterio de Competencias, se dio lugar a una resolución arbitraria que paralizó y suspendió la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que deberán ser cumplidas independientemente de su cuestionamiento, pues también es una función y competencia constitucional del Poder Judicial administrar justicia mediante resoluciones (artículo 138° de la Carta Magna)
El Tribunal Constitucional hace una aclaración sobre una excepción basado en el Principio de Colaboración de Poderes, que manifiesta que la Separación de Poderes que configura nuestra Carta Magna no es absoluta. Señala que, de la estructura y funciones de los poderes del Estado regulados por la Constitución, se desprende el Principio de Colaboración de Poderes (Jurisprudencia Constitucional – Demanda de Conflicto de Competencia interpuesta por el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo, recaída en el Expediente N.º 0004-2004-CC/TC). Considero que el Principio de Separación de Poderes y asuntos políticos están exentos del control constitucional, aunque, al parecer, la intensa pasión por la política hacen que algunos jueces constitucionales salgan del camino jurídico.

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